Demoledor diagnóstico del Gobierno de Ayuso tras el balance de Sánchez: "Corrupción, humillación y chantaje"

Ni regeneración, ni estabilidad, ni gobierno para todos. Lo que Pedro Sánchez prometió al comenzar la legislatura, ha acabado convirtiéndose —a ojos del Gobierno madrileño— en "corrupción de Estado", "caos" y una gestión al servicio "de unos pocos cuyos votos necesita". Así lo ha expresado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras conocer el balance de legislatura ofrecido por el presidente del Gobierno.

Para el portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, lo que Sánchez ha presentado como logros es en realidad una legislatura "vergonzosa" fruto de "un Gobierno débil a merced de aquellos que quieren destruir España". Un país, denuncia, en manos de un presidente "rehén de los intereses de los partidos independentistas".

En su opinión, el presidente ha ido aprobando "leyes a medida" para protegerse y proteger a su entorno. Entre ellas ha mencionado la que llama "Ley Bolaños" —oficialmente Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia— como "un escudo legal del sanchismo" diseñado para "doblegar al Poder Judicial" y frenar las investigaciones sobre "los presuntos casos de corrupción que rodean al presidente".

Sobre la "Ley Begoña" se ha referido directamente como "una amnistía preventiva" para el entorno de Sánchez y para "una red clientelar que ha utilizado las instituciones del Estado para ponerlas al servicio del sanchismo". Y, por si fuera poco, ha apuntado a una tercera norma "anunciada pero no presentada" —la "Ley Koldo"— como una forma de "blindar a los suyos y dejar impunes los presuntos casos de corrupción".

Pero si hay una ley que García Martín ha situado en la cúspide de su denuncia es la de amnistía. De ella ha dicho que no es fruto de la concesión ni la negociación, sino de un "chantaje aceptado" al entregar Sánchez el Estado de derecho "a cambio de siete votos", lo que ha calificado como "una humillación histórica" cuyo único fin es "blanquear a quienes atacaron la democracia".

A este panorama legislativo, el Gobierno regional ha sumado un diagnóstico de Sánchez para aludir a un presidente sin mayoría "para gobernar de verdad", con "33 derrotas en el Congreso" y con "socios que solo le apoyan a cambio de peajes". Un PSOE, han asegurado, que está "perdido".

En cuanto a las investigaciones judiciales que salpican al entorno más cercano del presidente, el consejero ha rescatado la de su hermano, "imputado"; su esposa Begoña Gómez, "imputada por graves delitos"; sus colaboradores más próximos, "imputados o en prisión preventiva"; y el fiscal general del Estado, "a punto de sentarse en el banquillo".

Y con ello, ha concluido, la consecuencia: una España "con la reputación dañada, inseguridad jurídica, desconfianza de inversores y unos aliados en el mundo desconcertados". En palabras de García Martín, una legislatura que "nunca debió comenzar de esta manera y tiene que acabar cuanto antes para poner fin a la agonía de los españoles".