La Comunidad de Madrid ha denunciado que el Gobierno central ha asignado a Cataluña de manera irregular la dirección científica del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA), pese a que la sede administrativa se ubicará en Majadahonda. Según el Ejecutivo autonómico, esta posibilidad no estaba prevista ni en la convocatoria ni en la normativa que regula el procedimiento.
El acuerdo fue adoptado el pasado 27 de enero en el Consejo de Ministros, que designó al municipio madrileño de Majadahonda como sede administrativa del consorcio. Sin embargo, la Comunidad de Madrid asegura que no tuvo conocimiento de que el organismo contaría además con una dirección científica situada en Barcelona hasta la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Desde la Consejería de Sanidad subrayan que tanto la convocatoria como el Real Decreto 209/2022, que regula este procedimiento administrativo, hacen referencia exclusivamente a la selección de una sede administrativa, sin contemplar en ningún momento la existencia o adjudicación de una dirección científica diferenciada.
Las críticas al procedimiento
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha mostrado su rechazo a la decisión y ha señalado que se trata de un nuevo ejemplo de falta de transparencia. En las declaraciones difundidas por su departamento, ha afirmado que el Ejecutivo regional se encuentra ante "un ejercicio de oscurantismo" al no haberse informado a las comunidades autónomas de esta posibilidad durante el proceso.
Matute ha indicado que la asignación de la dirección científica a Cataluña no estaba recogida en la normativa ni fue objeto de debate previo. Según la consejera, la decisión se ha materializado a través de un Acuerdo del Consejo de Ministros, publicado mediante una orden del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, sin que existiera un procedimiento específico que habilitara esta designación.
Desde la CAM insisten en que el Real Decreto 209/2022 estableció de forma expresa el marco para la selección de sedes físicas del consorcio, pero no contempló la creación ni adjudicación de una dirección científica. A juicio del Ejecutivo regional, introducir este elemento supone alterar las condiciones del procedimiento una vez finalizado.
La Consejería considera que, de haberse previsto la posibilidad de optar a una dirección científica, las comunidades autónomas habrían podido presentar candidaturas específicas, acompañadas de la documentación y proyectos correspondientes.
El papel del ecosistema biomédico madrileño
En este sentido, Sanidad recuerda que la Comunidad de Madrid cuenta con un amplio ecosistema biomédico y sanitario, integrado por hospitales públicos, institutos de investigación, universidades y redes científicas con experiencia en el ámbito de las terapias avanzadas. Según el departamento autonómico, ese potencial no ha podido ser valorado al no existir una convocatoria para la dirección científica.
La Consejería señala que, de haberse abierto un procedimiento diferenciado, Madrid habría concurrido "con toda la potencia de grupos, redes e infraestructuras" disponibles en la región.
El Ejecutivo madrileño también advierte de las consecuencias para los profesionales del sector. A su juicio, los principales perjudicados por esta decisión son los investigadores en terapias avanzadas, que desconocían que el consorcio contaría con una dirección científica adjudicada al margen de un proceso específico.
Entre las cuestiones que, según la Comunidad, quedan sin aclarar figura si esta dirección tendrá carácter permanente o rotatorio, así como el motivo por el que no ha sido elegida dentro de un órgano de gobierno científico, tal y como consideran que sería lo habitual en este tipo de estructuras estatales.