El cupo catalán podría suponer el fin de los impuestos bajos en Madrid, según la Comisión de Estudio de la Asamblea

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha adelantado este lunes el dictamen final de la Comisión de Estudio sobre las consecuencias del denominado "Acuerdo bilateral del concierto singular de Cataluña", cuyo texto concluye que el pacto sería inconstitucional, pondría en riesgo los servicios públicos y perjudicaría especialmente a la Comunidad de Madrid.

El documento, que se someterá a aprobación en comisión el próximo 18 de febrero, recoge siete conclusiones en las que se sostiene que el acuerdo "no tiene encaje constitucional", al vulnerar los principios de igualdad entre ciudadanos y solidaridad interterritorial. Además, señala que la implantación de un cupo catalán exigiría una reforma previa de la Constitución.

Díaz-Pache afirmó que el debate "no va de madrileños o catalanes", sino que responde, a su juicio, a "la corrupción secesionista en Cataluña y a la corrupción institucional para mantener a Sánchez en el poder". En este sentido, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar "modificar la Constitución por la puerta de atrás" y de avanzar hacia "una confederación de manera ilegítima".

Según el dictamen, el acuerdo comprometería la prestación de servicios públicos comunes en todas las comunidades autónomas, al reducir los recursos disponibles para la Administración General del Estado y limitar su capacidad para garantizar el equilibrio territorial y social. Asimismo, advierte de que supondría la fractura de la Agencia Tributaria estatal, lo que, en opinión del portavoz popular, incrementaría la burocracia y facilitaría el fraude fiscal.

La comisión ha analizado durante seis meses el impacto general del acuerdo y sus efectos específicos sobre la Comunidad de Madrid. El informe sostiene que la región podría quedar como principal responsable de financiar la redistribución territorial, lo que pondría en riesgo sus servicios públicos o implicaría un aumento de la presión fiscal. A juicio del GPP, ello supondría el fin del modelo de bajos impuestos aplicado en Madrid.

Díaz-Pache defendió que la Comunidad de Madrid es "un ejemplo de prosperidad con impuestos bajos y buena gestión" y acusó a los defensores del acuerdo de querer imponer "el sistema fracasado de secesionismo catalán".

El dictamen también cuestiona la tesis de que Cataluña esté infrafinanciada y atribuye sus problemas económicos a la gestión. Según el texto, pese a contar con algunas de las tarifas tributarias más elevadas y con mayor número de impuestos propios, la comunidad ha acumulado déficits fiscales y un elevado nivel de deuda pública. La comisión considera que parte del aumento del gasto se habría destinado a construir "una estructura paralela del Estado" orientada a la independencia.

Finalmente, el informe advierte de que la posible extensión del sistema de concierto a otras comunidades autónomas generaría un desequilibrio estructural en favor de los territorios y situaría a la Administración central en una posición subordinada.

Para la elaboración del dictamen se han recabado aportaciones de expertos en Derecho Constitucional y Financiero, entre ellos la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán; el director de Fedea, Ángel de la Fuente; los catedráticos Raúl Canosa, Gabriel Casado y Vicente Garrido; y el exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruíz-Jarabo.