Querella por acoso contra el alcalde de Móstoles: la defensa pide que declaren Ayuso y Serrano

Como era de esperar y más teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos, la exedil de Móstoles que acusó al alcalde de la localidad de acoso sexual y laboral ha llevado el caso a los tribunales. La denuncia interna a Manuel Bautista suma por tanto un nuevo capítulo con la presentación ahora de una querella por los delitos ya mencionados, amén de otros cuatro: integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. La causa también incluye al Partido Popular como persona jurídica.

La querella fue registrada este lunes en el Juzgado de Instancia de Móstoles, según confirmó el abogado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés. El letrado sostiene que la falta de respuesta y el fracaso de los mecanismos internos del partido obligaron a su representada a acudir a la vía penal.

Según la versión que aporta el letrado, la denuncia se apoya en un "nutrido soporte probatorio" para acreditar, primero, una presunta solicitud de favores sexuales por parte del alcalde y, posteriormente, un supuesto patrón de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica tras el rechazo, que habría derivado en el aislamiento profesional de la exedil hasta su dimisión en 2024. Entre las pruebas habría escritos, grabaciones... en definitiva una serie de documentos que, asegura el abogado, le ha impulsado a llevar este caso a la justicia. De hecho, Suárez-Valdés dice que "tras 30 años trabajando en procedimientos de acoso en entornos jerárquicos, conocemos la complejidad técnica probatoria de estos casos. Ahora, finalmente, los hechos han sido puestos en conocimiento del juzgado junto con el ramo probatorio y es el momento de que hable la justicia".

La acción judicial se dirige también contra el PP por la presunta omisión en la protección de la víctima. En este contexto, la defensa solicitará la declaración como testigos de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, el secretario general del PP madrileño Alfonso Serrano y la vicesecretaria de Organización Ana Millán, por su papel en la gestión interna del caso.

La querella incluye además la difusión de correos electrónicos intercambiados entre la exconcejala y la Comunidad de Madrid, algunos de los cuales llegaron a medios de comunicación, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos. También en este sentido el abogado subraya la complejidad técnica del procedimiento, al haberse producido parte de los hechos en el ámbito privado y por el borrado de correos oficiales de la denunciante.