En escasas horas, Mariano Rajoy se encontrará en Marruecos, paseando por las calles de Rabat. En su primera visita al exterior como presidente del Gobierno, se reunirá con su homólogo Abdelilah Benkirane, y con el monarca Mohamed VI, en un clima de más que previsible cordialidad. No habrá estridencias ni tensiones, y la diplomacia reinará en la decena de fotos oficiales que resultarán del encuentro. Pero detrás de los apretones de manos y el clima desenfadado, persisitirán los conflictos que permanentemente hacen de las relaciones hispano-marroquíes una olla a punto de explotar.
Que Mariano Rajoy haya optado por el reino alauí como primer destino tras su investidura supone un gesto de continuismo con la política exterior española, ya que salvo Adolfo Suárez, todos los presidentes españoles han inaugurado su agenda en el país vecino. Pero, a pesar de la premura y celeridad con la que el presidente marroquí cursó la invitación al presidente español -el mismo día de su investidura- ni a Rajoy ni a nadie se le escapa el recelo con el que se ha recibido en Rabat el cambio de Gobierno. Aún están frescas las muestras de nerviosismo ante la inminente victoria del PP, sucedidas durante la campaña electoral: "Es un tipo duro con este país", sintetizaba su homólogo.
No en vano, hace menos de un año que en una de las principales ciudades del país, las pancartas con insultos Mariano Rajoy llenaban las calles. El propio primer ministro, y todos los partidos con representación parlamentaria se manifestaron en Casablanca contra la postura "anti marroquí" del PP, y acusaban al entonces líder de la oposición de nazi.
La herencia socialista
Marruecos sabe que la llegada del PP al poder, las cosas cambiarán, dejándole en una situación mucho menos ventajosa que con el ejecutivo español precedente. El gobierno socialista, especialmente durante la última legislatura, adoptó una actitud de absoluta complacencia con Marruecos, exhibiendo una permisividad extrema en cada conflicto surgido en unas relaciones especialmente proclives al enfrentamiento. Estas fricciones han tenido lugar en el ámbito diplomático y también en el de la mera convivencia de los territorios fronterizos, provocando situaciones verdaderamente límites, que el Ejecutivo socialista cerró falsamente dando bandazos entre la condenscendencia y la cobardía.
En el capítulo de los conflictos en la convivencia destacó especialmente el episodio vivido en Melilla en el verano de 2010. Varios colectivos marroquíes acosaron a las policías españolas que trabajaban en el control de aduanas, en una campaña de insulto y amenazas sin precedentes. El Ejecutivo socialista optó por dejarlo estar y no requirió a Rabat ningún tipo de explicación ante lo sucedido; a pesar de que desde círculo del monarca se justificaran las vejaciones a las policías españolas.
El perenne conflicto sobre la soberanía de Ceuta y Melilla ha sido otro de los puntos de fricción ante los que el Ejecutivo de Zapatero decidió hacer oídos sordos. El que fuera primer ministro marroquí, Abás El Fasi, lanzó un órdago a Madrid: quería "abrir un diálogo" para acabar con la "ocupación" de las ciudades autónomas. No hubo contestación oficial. Tras no recibir respuesta en sentido alguno a esta invitación, Marruecos continuó tensando la cuerda y olvidándose de los debates: durante todo el año, grupos cercanos al gobierno alauita convocaron varias marchas de "liberación" en ambas ciudades, respaldados por Rabat. El Gobierno volvió a esconderse entonces, esperando a que pasara el vendaval; callando en lo público y aliviado en lo privado por el escaso seguimiento de las marchas.
Pero, sin duda, el caso más flagrante de permisividad con el país vecino tuvo lugar en octubre de 2010. Marruecos reprimió con inusitada brutalidad el campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik, en las inmediaciones de la capital del Sahara Occidental. Tanto el PSOE como el Gobierno se instalaron entonces en la más absoluta de las cobardías, rechazando las resoluciones del Senado español y del Parlamento Europeo que condenaban la brutalidad y los crímenes marroquíes en el asedio al campamento. Incluso desoyó y negó el amparo a la familia de un saharaui con nacionalidad española que fue asesinado por la policía marroquí. La prensa española era hostigada y expulsada del país, y España seguía impasible.
El Gobierno no quería violentar a Marruecos en la causa del Sahara Occidental, lo que le llevó a respaldar las injustificables medidas llevadas a cabo para evitar las protestas. De poco sirvieron las cabriolas semánticas de la titular de Exteriores para presentar lo acaecido como un asunto tocante a la política interna del país: Trinidad Jiménez tuvo que contemplar cómo reaparecían los vídeos en los que el PSOE, y ella misma, se comprometían "para siempre" con la independencia del Sáhara Occidental, exigiéndole al entonces Gobierno del PP que lo apoyara.
Cambio de era
Forzosamente, Marruecos está obligado a un cambio de actitud con el nuevo gobierno español. Aún no pueden buscarse advertencias explícitas en las actuales manifestaciones del PP, dado el clima de cordialidad lógico del momento presente, pero los precedentes resultan reveladores. Nada parece indicar que el Gobierno no vaya a retomar la línea del anterior ejecutivo popular, que vivió intensos conflictos con el reino vecino, como la toma del islote de Perejil por Marruecos en 2002 y la intervención del Ejército español ante el pulso de Rabat. De fondo, siempre estará la sombra del 11-M y el papel, nunca aclarado, que pudo desempeñar el país vecino en los atentados.
Y todo parece indicar que esta legislatura también será prolija en conflictos bilaterales entre ambos países. A los habituales focos de disputa, como Ceuta y Melilla o el Sahara Occidental, se unen ahora otros asuntos de primer plano como el acuerdo de Pesca que el PP ansía recuperar; o el acuerdo hortofructícola sobre cuotas de importación.
En cualquier caso, habrá que esperar. Durante la puesta de largo de Rajoy en el Exterior, todo lo mencionado permanecerá dentro de las líneas rojas, y se sortearán los terrenos más farragosos. Pero, no abordando las cuestiones territoriales o del Sáhara -con la que el PP también se ha comprometido- , Mariano Rajoy y Mohamed VI no estarán zanjando el problema. Como siempre ocurre en las relaciones hispano-marroquíes, se limitarán a aplazarlo.