(Libertad Digital) Junto con Torres Martínez fue detenido Pedro Corrales, director general de la compañía, cuando varios trabajadores intentaban colocar una parada de autobús sobre la avenida Paseo de la Reforma, una de las más importantes y transitadas de la Ciudad de México. Los dos directivos y cuatro de sus empleados fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público Número 50 por los delitos de daño en propiedad ajena.
Unos cincuenta agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal fueron los encargados de impedir la instalación del mobiliario urbano, haciendo caso omiso a un amparo que el juez Séptimo del Tribunal Colegiado del DF que ordena al Gobierno de la ciudad respetar un contrato de 1997 para la colocación de esa publicidad. La dirección jurídica de la compañía, a cargo de Eduardo Macías, señala que la acción es una violación a la Ley de Amparo mexicana, lo que, en su opinión, debe provocar la destitución que el jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador (uno de los candidatos a las elecciones presidenciales de 2006).
Uriel Tufiño, director de Servicios Metropolitanos (Servimet) del DF, responsable del operativo, explicó que el amparo que ellos argumentaban no estaba resuelto de fondo. Poco después y en un comunicado de prensa, el Gobierno capitalino justificaba la acción señalando que "el acto de autoridad fue para impedir que se causaran destrozos en Paseo de la Reforma, recientemente rehabilitada". El texto agrega que la detención y remisión de los involucrados, incluido el dueño de la empresa española, fue un acto legal, apegado a derecho, para impedir los destrozos.
Jesús Torres responderá a las "agresiones" del Gobierno del Distrito Federal e interpondrá una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la embajada de España en México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La acción, señalan los abogados del empresario, "viola el convenio de inversión extranjera signado entre México y España". En la resolución del amparo 182/99, el juez ordena al Gobierno del DF que "se abstenga de impedir a la sociedad mercantil inconforme -Edumex-, de colocar o instalar los inmuebles urbanos, conforme los contratos y convenios celebrados con la empresa paraestatal Servicios Metropolitanos".
Por su parte, López Obrador explicaba que para que la empresa pueda colocar sus paradas de autobuses tiene que solicitar un permiso al Gobierno local porque "no se puede romper la banqueta, romper el pavimento, sin solicitar un permiso, eso no ocurre en ninguna parte". En su tradicional conferencia de prensa, rechazó que pueda haber problemas con la embajada española, pues se hablará con ellos para explicarles como ocurrieron las cosas.
Contrato de publicidad
En agosto de 2001, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador demandó por defraudación fiscal a la empresa Eumex, encargada de colocar anuncios publicitarios en 2.500 paradas de autobuses. El contrato, calificado por algunos funcionarios capitalinos de "sumamente ventajoso", fue firmado el seis de marzo de 1997 por el entonces regente capitalino Óscar Espinosa Villareal, actualmente juzgado por corrupción. Según el actual equipo jurídico de López Obrador, el compromiso no aporta al Gobierno suficientes beneficios por la publicidad además de incluir una concesión hasta el año 2016, aspecto prohibido por los reglamentos de la ciudad.
En mayo de 2002, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda denunció que Eumex había incurrido en una defraudación fiscal de 900 millones de pesos (unos 63.873.400 euros) por evadir el pago de licencias, uso de energía eléctrica y derechos de publicidad que contempla el Reglamento de Anuncios de la Ciudad de México.