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El fiscal de la Corte Penal Internacional señala a un ex viceministro sudanés de crímenes de guerra y lesa humanidad

Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), ha señalado que el ex viceministro del Interior de Sudán, Ahmad Mamad Harun, y al líder de los rebeldes "Janjaweed"  como sospechoso de 51 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad presuntamente cometidos en la región sudanesa de Darfur.

Luis Moreno Ocampo, fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), ha señalado que el ex viceministro del Interior de Sudán, Ahmad Mamad Harun, y al líder de los rebeldes "Janjaweed"  como sospechoso de 51 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad presuntamente cometidos en la región sudanesa de Darfur.
LD (EFE) El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, acusó a un ex viceministro del Interior de Sudán, Ahmad Mohamed Harun, y al líder de la milicia "Yanyauid" de 51 cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos en la región sudanesa de Darfur.
 
En un comunicado de prensa, el fiscal explica que su acusación se fundamenta en las pruebas recogidas durante los últimos veinte meses y sostiene que los sospechosos "actuaron juntos y con otros, con el propósito común de perpetrar ataques contra la población civil" de Darfur. Los crímenes fueron cometidos durante ataques a cuatro ciudades y pueblos al oeste de Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004.
 
Ahmad Mohamed Harun reclutaba y buscaba fondos para la milicia "Yanyauid", acusada de cometer atrocidades contra la población negra de Darfur, además de "incitar" a los ataques de este grupo pro gubernamental, según el documento. La fiscalía de la CPI mantiene que este viceministro declaró públicamente que se le había otorgado "todo el poder y autoridad para matar o perdonar a cualquiera en Darfur, en búsqueda de paz y seguridad".
 
Por su parte, Ali Kushayb, que lideraba la milicia "Yanyauid" desde mediados de 2003, ordenaba a sus tropas cometer violaciones, agresiones sexuales, torturas y asesinatos contra la población civil. La Cámara preliminar de la CPI deberá ahora revisar las pruebas reunidas por la fiscalía y decidir si son suficientes para llevar a los acusados a juicio.

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