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Italia podría castigar con la cárcel a las mujeres que usen burka

La Liga Norte, socio de gobierno de Silvio Berlusconi ha presentado un proyecto de ley para castigar el uso del burka y el velo islámico  en Italia, con penas de dos años de cárcel y multas de hasta 2.000 euros, según publica La Reppublica. 

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El texto fue presentado el pasado viernes, y en realidad solo propone un cambio en dos artículos en la ley vigente desde 1975, sobre protección del orden público. Actualmente ya se prohíbe el uso "sin causa justa" de cualquier prenda que impida el conocimiento de la persona. La Liga Norte propone ahora suprimir la referencia a "causa justa", fuente de controversias entre los alcaldes italianos.

En su lugar, quieren incluir la prohibición de "ropa usada debido a su afiliación religiosa" que impida el reconocimiento de la persona. Se trata, en definitiva, de pedir la prohibición del burka y el niqab (el velo que solo deja los ojos al descubierto) sin mencionarlos específicamente. La Liga Norte tomó está determinación después de que otra propuesta explícita de prohibición fuera rechazada por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja,

La oposición italiana se ha alzado en armas contra la proposición, tachando el proyecto de ilegítimo porque considerarían que condenaría a muchas mujeres musulmanas a la segregación en el hogar. "Es inconstitucional toda regla que afecte a la libertad religiosa" dijo la líder del PD, Donatella Ferranti.

Pero hay quienes, incluso en la oposición, destacaron que el problema existe desde tiempo inmemoral, como reconoció Debora Serracchiani, también del PD: "El proyecto de la Liga busca instrumentalizar el argumento de la política pública para alzar sus antorchas contra las mezquitas y cementerios musulmanes...Pero lo cierto es que toca un problema real".

Los partidarios del burka sufren lo que denominan una "guerra" contra sus costumbres. La oposición también modela un plan qe admite el velo, pero a condición de que el rostro sea reconocible, bajo pena de tres a seis meses de cárcel, y una multa de hasta 600 euros. El texto aún se encuentra paralizado por el Comité Senatorial de Asuntos Constitucionales, que aún no ha emitido dictamen sobre su legalidad.

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