L D (Europa Press) Fuentes fiscales señalaron que en este caso debe tenerse en cuenta el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece los límites de la jurisdicción nacional y exceptúa los supuestos de inmunidad y de carencia de jurisdicción regulados por las normas de Derecho Internacional Público.
En este ámbito, la Fiscalía ha tenido en cuenta las convenciones de Viena (1961) y de Nueva York (1969) que otorgan inmunidad de jurisdicción a los representantes extranjeros, entre los que se incluyen los jefes de Estado y de Gobierno. Por lo tanto, pide que se declare la falta de jurisdicción de la Audiencia Nacional y el archivo de la querella presentada.
El escrito del fiscal añade que los hechos relatados en la querella no revisten los requisitos del delito de genocidio (de persecución internacional, salvo los supuestos de inmunidad de jurisdicción), puesto que las acciones que se imputan a Obiang consisten en la persecución de sus adversarios políticos, y no en delitos sufridos por ningún grupo étnico, religioso y nacional, según las mismas fuentes.
La querella ha recaído por reparto en el Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular, Teresa Palacios, decidirá en los próximos días sobre su admisión o no a trámite, una vez estudie los argumentos de la Fiscalía. El texto de la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, está firmada por el ciudadano español Jaime Urgell a iniciativa de Francisco Fernández, abogado en Madrid del presidente del autoconstituido Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio, Severo Moto. Además de genocidio, acusan al presidente guineano de delitos de tortura y detención ilegal y terrorismo.
En el escrito, presentado el pasado sábado ante el juez instructor que se encontraba de guardia en la Audiencia Nacional, Juan Del Olmo, se solicitaba la detención en España del mandatario africano como medida cautelar aprovechando su "inminente estancia" en la capital española, "habida cuenta de la gravedad de las acusaciones, el elevado riesgo de que éste pueda intentar evadir la acción de la Justicia, y considerando que frente al crimen de genocidio no cabe inmunidad alguna, ni siquiera de los jefes de Estado en ejercicio".
En el texto se recordaban diferentes resoluciones de la Audiencia Nacional en los que se confirmaba la jurisdicción de España para conocer crímenes de genocidio y terrorismo cometidas por las dictaduras chilena y argentina, y que llevaron, por ejemplo, a la detención del ex dictador Augusto Pinochet en 1998.