L D (EFE) Juppé, ex presidente de la UMP, fue condenado en primera instancia a 18 meses de prisión (exentos de cumplimiento) y a 10 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos. El fiscal del caso, Daniel Reanult, considera “singularmente excesiva” la segunda pena porque no se ha constatado “ningún enriquecimiento personal” del acusado. De ahí que haya solicitado que los diez años queden en dos.
El ex primer ministro está siendo juzgado desde el día 13 en el Tribunal de Apelación de Versalles (afueras de París) por su presunta implicación en un caso de financiación ilegal del RPR.
En enero el Tribunal de Nanterre le encontró culpable de apoderamiento ilegal de intereses durante su etapa como secretario general de la formación neogaullista (1988-95) y adjunto de Finanzas en el Ayuntamiento de París (1983-95), entonces gobernado por el actual jefe del Estado, Jacques Chirac. Tal delito puede acarrear penas de hasta 5 años de cárcel y el pago de una multa de 75.000 euros.
La Justicia acusa a Juppé de haber contratado a siete personas que trabajaban para el RPR de Chirac con cargo a las arcas municipales parisinas. El ex primer ministro asegura que aquéllas trabajaban “efectivamente” para el Consistorio, y sólo realizaban labores “voluntarias” o “militantes” para el partido.
"Es cierto que Alain Juppé ha obrado por el interés público, pero también es verdad que ha cometido una grave infracción, y por ello debe ser castigado", sostiene el fiscal, que ha solicitado penas de 10 a 18 meses de cárcel sin cumplimiento y de uno a dos años de suspensión de sus derechos cívicos para los cinco subordinados del ex presidente de la UMP también encausados.
Los abogados del Ayuntamiento de París –parte civil en el juicio–, que han demandado que se ejerza “justicia sin revancha”, están convencidos de que durante el mandato de Chirac hubo un "sistema global y coherente de financiación de un partido político".
Los abogados de Juppé pretenden pedir el sobreseimiento de los cargos contra su cliente, que niega haber perpetrado delito alguno, si bien admite que pudo haber cometido “errores, quizá faltas", en el ejercicio de sus funciones como secretario general del RPR.