Es el viejo dilema: seguridad del pasajero frente a beneficios de la compañía.
El árbitro, el quasi-gobierno europeo (la Comisión), por su desmedido afaán intervencionista, por la mera extensión de este fenómeno en los diferentes estados miembros, carede de legitimidad suficiente para ejercer de tal.
Los europeos, una vez más, indefensos frente los monstruos, sean estos políticos, o económicos.