Sindicatos venezolanos denunciarán ante la OEA a Chávez por los veintiséis leyes-decreto
Gremios profesionales y sindicales venezolanos han comenzado a recolectar firmas en todo el país para apoyar un recurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) contra el conjunto de veintiséis leyes decretado por el presidente Hugo Chávez, quien cuenta con los "poderes especiales" que le otorgó la oficialista Asamblea Nacional por un periodo de dieciocho meses. Las asociaciones señalan que el "paquetazo" no sólo "viola principios constitucionales", sino que pretende implantar propuestas de reforma de la Constitucional presentadas por Chávez y rechazadas durante el referendo de diciembre de 2007.
LD (EFE) En un comunicado de prensa, varios sindicatos y gremios de abogados, periodistas y médicos anunciaron que desde este lunes esperan recoger "un millón de firmas" para apoyar la denuncia que presentarán ante la OEA contra los veintiséis decreto-leyes que el régimen de Hugo Chávez pretende imponer.
Chávez dictaminó finales de julio pasado esas veintiséis leyes, que afectan a las áreas de producción agrícola, vivienda, propiedad social y a la Fuerza Armada, entre otras, con los poderes especiales que en enero de 2007 le otorgó la Asamblea Nacional (AN) por un periodo de dieciocho meses.
La petición de los gremios y sindicatos consiste en que sea convocado el Consejo Permanente de la OEA para analizar "la alteración del orden constitucional" que se registra en Venezuela a raíz de la aprobación por decreto presidencial de ese paquete legislativo. Silvia Alegrett, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, aseveró que "no tenemos la intención de ir contra un Gobierno establecido por mecanismos democráticos, solo exigimos como ciudadanos que se nos respete".
Varios gremios profesionales y sectores políticos de oposición han señalado que el llamado "paquetazo" no solo "viola principios constitucionales", sino que además pretende implantar algunas de las propuestas de reforma de la Carta Magna presentadas por Chávez en 2007 y rechazadas en el referendo popular del pasado 3 de diciembre.
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