L D (EFE) El dictamen del comité no deja duda: "Consideramos que los defectos son lo suficientemente serios para recomendar con firmeza que la Sección 4, que permite a extranjeros ser detenidos indefinidamente, sea reemplazada con urgencia", subraya el texto.
El comité reclamó que esa sección de la Ley Antiterrorista sea reemplazada por medidas que "no requieran una derogación de la Convención Europea de los Derechos Humanos", que impide a las naciones detener personas sin presentar cargos.
"Otros países no han considerado necesaria esa revocación y no encontramos ninguna razón obvia de por qué el Reino Unido debería ser la excepción", explicó Tony Newton, presidente del comité que reúne a miembros de todos los partidos, incluido el Laborista, al que pertenece el Gobierno. Catorce extranjeros, cuya identidad no ha sido desvelada en su mayoría, permanecen retenidos en cárceles de alta seguridad del Reino Unido por ser supuestamente terroristas internacionales, aunque nunca han sido acusados formalmente.
Seis de ellos cumplen este viernes dos años detenidos, según denunció Amnistía Internacional en un informe emitido el día 11 de este mes, que causó ampollas en el Gobierno porque comparaba la situación del Reino Unido con la de la base de Guantánamo. Amnistía Internacional señaló que la política antiterrorista del Gobierno británico "ha creado un Guantánamo en nuestro patio trasero", en alusión a la retención de más de 660 supuestos terroristas por parte de EEUU en su base naval en Cuba. Tras la decisión del comité, Amnistía Internacional ha elogiado el dictamen y ha vuelto a pedir al Ejecutivo que revoque esos poderes de emergencia.
El ministro del Interior lo rechaza
Pero el ministro de Interior insistió en que esos poderes son necesarios para "hacer frente a un problema que tenemos", en referencia a la amenaza terrorista. "Creo que estaría dejando de cumplir mi tarea de proteger a los ciudadanos si se eliminasen los poderes de la Sección 4 de entre la serie de medidas disponibles para proteger al Reino Unido de amenazas terroristas específicas", dijo Blunkett en una declaración.
Tras los atentados del 11-S, el Gobierno británico promulgó la Ley contra el Terrorismo, el Delito y la Seguridad, que le permite llevar a cabo detenciones prolongadas sin dictar cargo alguno, lo que deroga, de hecho, la Convención Europea de Derechos Humanos. El Ejecutivo argumenta que, a diferencia de lo que ocurre con Guantánamo, los detenidos bajo la legislación antiterrorista británica pueden elegir abogado, tienen derecho a apelar y, si algún país los acepta, pueden marcharse del Reino Unido.
Sin embargo –alegan las organizaciones civiles– los abogados no tienen acceso a las pruebas en contra de sus defendidos por aludir a la seguridad nacional y, hasta ahora, todas las apelaciones presentadas han fracasado en el tribunal que lleva esos casos. Y la posibilidad de que puedan salir del Reino Unido también ha sido criticada por el comité presidido por lord Newton pues, según señala, equivale en la práctica a "exportar terroristas". Al tiempo que denunció que esa legislación "aumenta el riesgo de injusticias", el informe indicó también que los sospechosos de terrorismo deberían ser procesados, en la medida de lo posible, a través de las leyes penales ya disponibles.
No obstante, y en descargo del Gobierno, el comité de asesores admitió en sus conclusiones que el Ejecutivo no ha utilizado en exceso los poderes extraordinarios que le confiere la ley.