Ni en los informes generales del Defensor del Pueblo ni en los Informes Especiales aparece mención alguna acerca de las quejas formuladas por los mineros de Tharsis (Huelva) sobre las irregularidades de los expedientes de regulación de empleo que ya contenían "intrusos" además de otras anomalías. A pesar de que La Razón publicó ayer los escritos de 2003 y 2004 dirigidos al Defensor del Pueblo, en los informes anuales de 2003, 2004 y 2005, no aparece siquiera la recepción de estos documentos, circunstancia que debe ser aclarada por la Institución. De haberse tenido en cuenta tales informes, hace 8 años que se habría conocido la presencia de intrusos en los Expedientes de Regulación de Empleo y no se hubiera llegado a la situación de alarma social presente.
En el informe de 2003, el Defensor del Pueblo Andaluz se refiere a los siguientes temas relacionados con la regulación de empleo:
2.1. Regulación de empleo en empresas andaluzas.
2.11. Situación laboral en una Empresa textil, de Morón de la Frontera (Sevilla). Página 207
2.1.2. Factoría de astilleros en Cádiz. Página 208
2.1.3. Expediente de regulación de empleo en una factoría de Sevilla. Página 209
Ni una palabra sobre las minas o los mineros de Tharsis.
En el informe de 2004, se admiten las quejas referidas a
2. 1. 1. Situación laboral en una Empresa textil, de Morón de la Frontera (Sevilla), y en la empresa pública astilleros IZAR, en Cádiz
Ninguna de ellas se refería a "intrusos" en los respectivos ERES.
En el mismo informe de 2004, no fue admitida una queja de los familiares de los trabajadores de las minas de Cala, de la empresa pública PRESUR del grupo SEPI, en la que solicitaban la colaboración de la Institución para resolver la situación generada consecuencia del expediente de regulación de empleo tramitado por la dirección de la empresa. Al parecer, el escrito recibido carecía de identidad y dirección con la que pudiéramos contactar a los efectos de prestar la colaboración solicitada: después de realizar varias llamadas telefónicas al número que se indicaba "no pudimos contactar con ningún interlocutor por lo que archivamos el expediente", se dice en el Informe.
En el informe de 2005, no hay referencias, por lo que o bien se perdieron los escritos de los mineros de Tharsis no teniendo registros de entrada o bien no fueron tenidos en cuenta y no fueron mencionados en los informes.
Los mineros de Tharsis denunciaron las irregularidades al Defensor del Pueblo en 2003 y 2004
Los trabajadores de la mina de Tharsis que se quedaron fuera de las prejubilaciones financiadas por la Junta ya alertaron a través de distintos escritos remitidos al Defensor del Pueblo Andaluz entre 2003 y 2004 de la existencia de beneficiarios de pólizas que ni siquiera habían trabajado en las minas o de la inexacta aplicación de los coeficientes laborales. José Chamizo, que era y es Defensor del Pueblo, debe aclarar cuáles fueron sus gestiones en estos casos.
Uno de los escritos con fecha de entrada de 31 de marzo de 2004 en el Defensor del Pueblo advierte de irregularidades: «prejubilados sin ser mineros», «empresarios prejubilados» o trabajadores de Insersa que se acogieron a las ayudas con «cuarenta y dos años». «Seguiría y seguiría poniendo más» ejemplos, continúa la información. Lo cierto es que este escrito remitido al Defensor recoge un cúmulo de presuntas ilegalidades en una lista de empresas de la faja pirítica de Huelva que coincide casi exactamente con la que tiene actualmente encima de la mesa Mercedes Alaya: la Bolsa de Tharsis, Insersa, Navan Resources o Almagrera. La completarían los ERE de Minas de Río Tinto y Filón Sur sobre los que también ha pedido información Alaya y está investigando.
Otra de las quejas remitidas al Defensor del Pueblo Andaluz en diciembre de 2003 expone que entre los prejubilados se encuentran personas «que no han sido ni mineros» y alude directamente «a un compañero del surtidor de Alosno (Huelva)». «Aquí hay más delito porque no han visto la mina ni por dentro ni por fuera». «Y que conste que con esto no queremos dañar a nadie. Sólo queremos nuestros derechos igual que los demás».
Las señales de alerta no llegaron solamente al Defensor del Pueblo Andaluz. Además, la Junta de Andalucía, UGT, (a menos que haya error en el nombre porque lo vincula a CC.OO, lo que no es correcto), el PSOE, la asociación de defensa de los Derechos Humanos e incluso el Ministerio del Interior, estuvieron informados asimismo por los denunciantes. «La Junta de Andalucía sabe por mi puño y letra que se ha producido un atropello contra un grupo de mineros. Lo sabe el Parlamento andaluz, José Antonio Viera (entonces consejero de Trabajo), Javier Barrero (ex secretario general del PSOE onubense), el Ministerio del Interior, Derechos Humanos, Manuel Pastrana (secretario general de CC OO-A), Carmelo Sanmartín (entonces subdelegado del Gobierno) y Anastasia Izquierdo (inspectora jefe de Inspección)", se dice en una de las quejas.
Sigue La Razón aportando que "el colectivo de antiguos trabajadores de Tharsis mantuvieron una reunión con el delegado provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Huelva (el socialista Manuel Alfonso Jiménez), «al que dijimos nuestras inquietudes. Le dijimos claramente que había compañeros en las mismas condiciones que nosotros». «Manuel Alfonso Jiménez quería que nosotros diéramos nombre y apellidos de los compañeros que se habían colado tanto en las prejubilaciones como en la bolsa de trabajo para quitarlos. Le dijimos: nosotros estamos aquí reclamando unos derechos, no a quitarles el cacho de pan a ningún compañero», continúa uno de los escritos remitido al Defensor del Pueblo, que entonces era el mismo que hoy, José Chamizo.