El Instituto de Fomento de Andalucía no informó del estado de cuentas de "fondos recibidos, ayudas pagadas y pendientes de pago a terceros", haciendo imposible el seguimiento contable por parte de los órganos de control. Para esto, la Junta de Andalucía creó bases de datos ‘extracontables’ para el manejo del dinero del fondo de reptiles.
Su presencia fue detectada y denunciada por la propia Intervención de la Junta andaluza, pero no se ha descubierto por qué se crearon, quién dio la orden de que se confeccionaran y con qué fines. Según La Razón, el máximo órgano de control interno advirtió de que el Instituto de Fomento de Andalucía no informaba "con desglose del estado de cuentas individual con fondos recibidos, ayudas pagadas y pendientes de pago a terceros, haciendo imposible el seguimiento contable por los órganos de control.
El IFA registra el compromiso de pago derivado del convenio sucesivamente en las cuentas acreedoras genéricas 559 y 412 según la fase en que se encuentre la ayuda, y añade que este déficit en el Plan General de Contabilidad de empresas de la Junta lo subsanaba con "información adicional en bases de datos extracontables creadas por el Instituto".
En estas bases extracontables, sí se podía consultar "el importe comprometido por convenio, el estado de pagos y el importe de transferencias recibidas que se asigna internamente a cada convenio" lo que constituía un procedimiento cuanto menos no ordinario.
Su objeto eran convenios que suscribía la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social con empresas, asociaciones y ayuntamientos, y que también se abonaron con cargo a la partida 31L "Administración de Relaciones Laborales", el conocido como ‘fondo de reptiles’. Estos acuerdos han sido reconocidos por la Junta y la documentación se encuentra en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Sobre esta práctica, también alertó la Intervención General en su informe definitivo de cumplimiento de 2005 –referido a las actuaciones de 2003–.
Además, la Intervención General que no se preveía "un régimen de justificación de los pagos efectuados" de forma generalizada y que "salvo en los convenios que tienen objeto el pago a entidades aseguradoras por prejubilaciones de trabajadores, en los restantes, no se fija fecha límite para efectuar los pagos".
Tampoco pudo "verificar la existencia de actas de las comisiones de seguimiento que manifiestan deben existir" y al menos en 7 de 14 convenios analizados "no se hace referencia a la necesidad de ser aprobados o ratificados por el consejo rector del ente". Al parecer, los directores del IFA informaban al consejo rector "para su conocimiento y no para su aprobación o ratificación".
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, defendió ayer mismo la actuación del ente autónomo –reconvertido después en la Agencia IDEA– considerando que "hubo deficiencias en los procedimientos, pero no ilegalidades".