Carmen García, propietaria de Río Grande, una de las empresas implicadas en un ERE fraudulento, reveló el jueves a la juez Alaya que CC.OO y UGT hicieron un homenaje a Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía y alto cargo que bautizó los fondos utilizados para estas actividades como "fondo de reptiles".
García no especificó si fue antes o después de haber estallado el caso. También informó de que otro de los imputados, el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, imputado asimismo en la causa, era cliente habitual, como muchos otros políticos.
La juez Alaya interrogó el jueves a la mencionada Carmen García y a Carmen Fontela, una peluquera que recibió 155.000 euros en su cuenta corriente sin haber trabajado nunca.
Según ABC, Fontela, peluquera de profesión, recibió en su cuenta corriente 155.00 euros -entre 2.900 y 3.000 euros mensuales- entre el 1 de octubre de 2005 y el 31 de julio de 2010 tras ser incluida en el ERE del restaurante, en el que no trabajó.
Pero dicho dinero no fue gastado por la peluquera. En realidad quien manejaba la cuenta, según su declaración, era José González García, agente de la aseguradora Vitalia, implicada en casi todos los ERE falsos, Este agente "fue sacando de la cuenta la mayor parte del dinero ingresado". Ella sólo sacó 1.700 euros de los 155.000 ingresados. La juez le imputa malversación, prevaricación y obtención indebida de ayudas de las administraciones.
Fontela dijo haber sido engañada porque su amigo, que le hacía la declaración de la renta a su familia, le pidió que abriera una cuenta para meter un dinero que él no podía justificar. Admitió la imputada que nunca trabajó en Río Grande y que Paco, como apoda a su amigo -se llama realmente José-, le ingresó 1.700 euros "para que se tomara una cerveza". Luego dijo que se enteró que estaba incluida en el ERE por la prensa.
Carmen García, propietaria del restaurante, imputada por los mismos delitos, hizo posible que Francisco José González García y el exugetista Juan Lanzas se repartieran los más de 138.000 euros que recibieron de la Junta. La juez le imputa también haber contratado a María José de la Rosa, de 64 años, y sin experiencia en la restauración para incluirla en el ERE.
García llegó a admitir que creía que Vitalia era una empresa de la Junta de Andalucía. Su declaración fue calificada por la juez Alaya en el acta como "una historia difícil de creer".