Este viernes saltaron todas las alarmas en Andalucía. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se ha visto en la obligación de afirmar que la administración autonómica "no está en suspensión de pagos". "Estamos pagando y no hemos pedido ayuda al Tesoro", ha añadido. Andalucía "es solvente, tiene las cuentas transparentes", ha recalcado en RNE.
"Pagamos las nóminas, a las farmacias y a los colegios, tenemos un nivel de endeudamiento muy inferior a la media de las comunidades autónomas. No estamos en suspensión de pagos. Estamos pagando y no hemos pedido ayuda al Tesoro", ha asegurado.
Sin embargo, en el Gobierno ya advierten de que estarán vigilantes, y recuerdan que el Ejecutivo de Griñán se comprometió -como el resto de comunidades- a cumplir con el techo de déficit público, informa P. Montesinos.
Concretamente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que el Ejecutivo ve "con preocupación" las noticias sobre una hipotética suspensión de pagos. En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, dejado claro que la Junta andaluza, al igual que todas las instituciones, están obligadas por las leyes y por los compromisos.
De igual forma, y a preguntas de Libertad Digital, Sáenz de Santamaría ha recordado que la Junta ha asumido los compromisos de estabilidad presupuestaria en el Consejo de Política fiscal y Financiera y que sus gestores están sujetos a cumplir con sus obligaciones, ya que, de no ser así, tendrán que hacer frente a posibles sanciones.
De hecho, ha recordado que ya hay una regulación que se puede aplicar a los malos gestores, con un régimen de infracciones administrativas e incluso penales, que el Gobierno pretende fortalecer a través de una ley de transparencia y buen gobierno y de la ley de estabilidad presupuestaria. Las posibles sanciones, en todo caso, no serán nunca con carácter retroactivo, ha precisado.