Los servicios de emergencia se prueban ante una catástrofe de máximo nivel

La localidad guadalajareña de Cogolludo se convirtió este miércoles en el epicentro del mayor ejercicio de emergencias que se ha llevado a cabo en España hasta la fecha, y en el que los ministerios de Defensa y de Interior han puesto a prueba sus capacidades ante una emergencia nacional de nivel 3, el máximo posible.

El primero de los hechos es un movimiento sísmico, que sacude las localidades cercanas de Veguillas y San Andrés del Congosto, y que causa daños en un área de 30 kilómetros de radio. Consecuencia de ello, se produce una rotura parcial de la presa del embalse de Alcorlo, que inunda la zona y afecta a la población de la segunda localidad citada.

Tras esto, varios accidentes en el complejo petroquímico de Villanueva de Argecilla dejan varias víctimas mortales, personal atrapado en los edificios y daños materiales en las instalaciones, así como un escape de ácido fluorhídrico y el derrame de crudo que se vierte al río Henares. Por si fuera poco, un vehículo de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) se ve implicado en un accidente de tráfico y derrama parte del material radioactivo que transportaba.

El objetivo, adiestrar al Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el planeamiento y dirección operativa de una emergencia de este calado, de acuerdo con los Planes Estatales de Protección Civil ante los riesgos sísmicos y de inundaciones. De estos Planes Estatales se derivan unos Planes de Contingencia, desarrollados por la UME, que son los que se pusieron en práctica, para comprobar su efectividad.

Para complicar aún más la situación, al puesto de mando en la zona de la UME se le obliga a tomar también la responsabilidad sobre un segundo seísmo que, simultáneamente, hace temblar a las localidades de Albolote, Atarfe y Pinos Puente, en la provincia de Granada, y que ocasiona derrumbes y colapsos estructurales en diversos edificios.

De hecho, el máximo responsable de la UME, el teniente general José Emilio Roldán, explicó que durante los ejercicios se introdujeron "incidencias desconocidas para los efectivos desplegados para comprobar su capacidad de reacción" e intentar "llevar al límite sus capacidades".

En el ejercicio participaron 1.857 efectivos, de los que 795 pertenecen a la UME; 194 a otras unidades del Ejército de Tierra; 225 a la Guardia Civil; 99 al Cuerpo Nacional de Policía; 164 a la Cruz Roja; 84 a la Junta de Castilla La Mancha; 17 al Consejo de Seguridad Nuclear; seis al Ejército del Aire; cinco a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa); tres al ministerio de Defensa; dos al departamento de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de Crisis (perteneciente al ministerio de la Presidencia); dos a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias; y uno a la Agencia Estatal de Meteorología. A estos, se unieron 260 figurantes civiles.

Momentos antes del inicio de los ejercicios, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que "España todavía no ha tenido que tomar las más altas medidas, pero más vale prevenir que curar" y mostró su esperanza en "no tener que asumir nunca esta responsabilidad", en alusión a ponerse al mando en una catástrofe nacional.

"No es lo mismo un ejercicio que la realidad, pero el nivel de eficacia y eficiencia está demostrando la garantía de que estamos preparados para hacer frente a una emergencia de estas características", añadió.

Al ejercicio asistieron la presidenta de la Junta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal; el ministro de Defensa, Pedro Morenés; el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten; el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Fernando García Sánchez; y el secretario general de la Política de Defensa, Alejandro Enrique Alvargonzález.

Además, también estuvieron presentes el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general Fulgencio Coll; el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), José Jiménez Ruiz; el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa; y el director general de Protección Civil y Emergencias, Juan Antonio Díaz.