En un desayuno informativo organizado este martes por la agencia de noticias Europa Press, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha explicado la denominada prisión permanente revisable que tiene previsto introducir el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy se aplicará "exclusivamente" a los delitos de terrorismo. Asimismo, el dirigente popular ha subrayado que esta medida es un "compromiso del programa electoral" que supone "cabalmente lo contrario a la cadena perpetua".
Aunque el ministro se refirió a la aplicación de esta medida a los delitos de "especial gravedad que causan el rechazo de la sociedad", ha matizado que "aplicar la prisión permanente revisable a delitos como, por ejemplo, los cometidos contra menores, podría tener la enorme dificultad de cómo evaluar la probabilidad" de que sus autores van a volver a infringir la ley.
Gallardón ha especificado que la pena únicamente puede aplicarse a aquellos casos en que "la sociedad considera que no hay años bastantes para que una persona recupere la libertad por el daño realizado" y ha resaltado que se hará en los delitos de terrorismo porque se puede "acreditar si hay una decisión de abandono firme de esa actividad terrorista". Asimismo, el ministro ha explicado que se endurecerán las penas contra los delitos sexuales contra menores y que también se está trabajando ya en la reforma de Ley del Menor.
Por otro lado, sobre el endurecimiento de las penas sobre las acciones de violencia callejera -calificadas por Alberto Ruiz Gallardón como una "auténtica prostitución" del derecho de manifestación- el ministro ha explicado que irá dirigido a quienes "más atacan" este derecho "infiltrándose" y "escondiéndose" en manifestaciones legítimas. "No estamos hablando en modo alguno de limitar el derecho de manifestación ni de penalizar a sus convocantes", recalcó.
Gallardón también ha anunciado que antes del verano se remitirá el proyecto de la reforma del Código Penal al Congreso de los Diputados para que la tramitación parlamentaria de esta modificación se inicie el próximo otoño.
Por último, el popular ha manifestado que no se cambiará la decisión del Ministerio de Justicia de no convocar este año las oposiciones para jueces y fiscales ya que la "gravedad crisis afecta a todos". Ruiz Gallardón ha subrayado que, aunque esta no convocatoria no incumple la Ley Orgánica del Poder Judicial, es una "medida extraordinaria" para cumplir con la política aprobada por el Ejecutivo de que no se ampliarán el cuerpo de funcionarios del Estado. Este medida ha contado con numerosas críticas desde diversos sectores de la Carrera Judicial.