El mismo director general de Trabajo de la Junta de Andalucía que está imputado en la trama de los ERE fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya en Sevilla, Daniel Alberto Rivera, firmó el ERE del Ayuntamiento de Macael y podría haber autorizado pagos para empresas que supuestamente no habían solicitado las subvenciones cobradas.
Curiosamente, la firma de Rivera se produjo estando ya imputado. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) fue remitido en febrero de 2012 a los servicios centrales de la Consejería de Empleo de Manuel Recio alegando la delegada en Almería, Francisca Pérez Laborda, que se hacía por dos circunstancias, y es que se trataba de un Ayuntamiento y la segunda que había trabajadores en excedencia. Lo cuenta Noticias de Almería.
Sorprendentemente el motivo por el que se remitía a Sevilla es porque la propia delegada Pérez Laborda se había inhibido al ser su hermana una de las afectadas, lo que era causa de incompatibilidad. El hecho de que fuera un ayuntamiento suponía directamente la imposibilidad de que se efectuara el ERE con arreglo a la legislación vigente en ese momento, como así les fue comunicado por el Servicio Público Estatal de Empleo reiteradamente; es más, el Ministerio de Trabajo había rechazado en fechas recientes distintos ERE presentado por corporaciones locales en distintos puntos de España argumentando que "sólo las entidades privadas con ánimo de lucro pueden acogerse a las causas previstas en la ley", y en esas mismas respuestas les indicaba la intención del Gobierno de llegar a los tribunales si los ayuntamientos en cuestión lo intentaban; y además hay que recordar que el sindicato UGT ha rechazado públicamente esta medida calificándola incluso de inconstitucional.
Al pasar este expediente a Sevilla, Rivera fue el encargado de darle el visto bueno, y eso a pesar de los avisos de distintas instancias del Gobierno central en el sentido de que sería ilegal hacerlo. El ERE afecta a medio centenar de trabajadores del Ayuntamiento de Macael, y consiste en la reducción de dos horas y media en la jornada laboral con la correspondiente bajada de salario, pero la aprobación de este expediente suponía que podrían cobrar el resto como subsidio de desempleo.
El Servicio de Empleo del Ministerio les ha remitido cartas a todos aquellos que son empleados directos del Ayuntamiento informándoles que el pago de dichas cantidades queda en suspenso ya que se ha pedido a la Junta de Andalucía que anule el ERE, y que si lo hace, no cobrarán, y si no lo hacen lo denunciarán ante los tribunales, por lo que el pago seguiría en suspenso hasta tanto se resolviera judicialmente. En la actualidad, tras la reforma laboral de Mariano Rajoy, los ERE son posibles en los ayuntamientos, pero el de Macael se presentó antes y por lo tanto le afecta la ley anterior, de donde se genera esta situación compleja.
Recuérdese que el director general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, admitió en la grabación de una conversación privada haber dado "alguna cosa" a la empresa Elizana, según han publicado diversos medios de comunciación en Andalucía. Rivera concedió a esta firma de muebles una subvención directa de 700.000 euros el 6 de septiembre de 2010. Esta ayuda se basó en el convenio marco que firmó Rivera, imputado en el caso de los ERE, solo cuatro días después de su toma de posesión como director general en abril de ese año. Elizana ya había recibido otra ayuda de 450.000 euros en enero de 2009, pero esta vez autorizada por el anterior director general de Trabajo, Juan Márquez, también imputado en la causa.