El análisis del Faisán 9/2012 remitido por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional vincula el chivatazo a ETA con las "dificultades" de la banda terrorista en su relación con los enviados del Gobierno tras la tregua. El informe de la Guardia Civil dice que pese al "poco tiempo transcurrido" entre el comunicado de ETA estableciendo un alto el fuego permanente existían evidencias que "reflejaban dificultades de entendimiento entre la dirección de ETA y los encargados de mantener los contactos".
Según aseguran Manuel Marraco y Ángeles Escrivá en El Mundo, el informe corrobora las tesis planteadas por el equipo policial que implican en el soplo como "hipótesis más consistente" del caso a Víctor García Hidalgo, ex director general de la Policía; Enrique Pamies, ex jefe superior de la Policía vasca; y el inspector José María Ballesteros.
El informe de la Guardia Civil, firmado por cuatro miembros de la jefatura de información, expertos en la banda terrorista, es menos rotundo sobre las motivaciones políticas del chivatazo, tal y como establecía el informe final presentado hace un año por la Policía. La Guardia Civil no plantea expresamente esa cuestión, debido al auto del pasado 8 de marzo del juez Pablo Ruz. En ese texto, el magistrado reactivó la investigación tras la decisión del Pleno de revocar los procesamientos, por lo que –tras las nuevas diligencias e informes que les señalan- podría volver a dictar auto de procesamiento.
Según El Mundo, el elemento novedoso más importante es ese informe de la Guardia Civil, que descarta que el equipo policial al que se designaron las pesquisas fuera, precisamente, el teórico sospechoso del chivatazo. El Instituto Armado también señala en el informe su expulsión de la investigación por parte del entonces juez Baltasar Garzón, y recuerda que empezaron a indagar "con datos erróneos debido a la ubicación espacial incorrecta" del soplo. Una información, dicen, que "era conocida desde el día 22 de junio".