Así se desprende de la afirmación de que es ella misma, IU, la que debe presidirla a pesar de que es la fuerza minoritaria del Parlamento andaluz y de que el PP es la fuerza mayoritaria. IU puede conseguir dicha presidencia si el PSOE vota a su favor, cosa que es muy probable dado que forman gobierno de coalición. Se continúan, de este modo, alimentando las sospechas sobre la desnaturalización de la Comisión de Investigación. El PSOE, por ejemplo, ha descafeinado su presencia en la misma al no incluir entre los miembros que propone al portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez.
Sin embargo, PP e IU sí que incluyen a sus portavoces parlamentarios en la Comisión recién constituida. De hecho, los diputados propuestos por el PP andaluz son el propio portavoz parlamentario, Carlos Rojas, el portavoz de Economía, Rafael Carmona, y la portavoz de Empleo, Teresa Ruis Sillero. Incluso la suplencia es revalorizada con la presencia del secretario general del grupo popular, Rafael Salas.
De un modo similar, aunque rebajando un tono, el propio portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro y el vicepresidente primero del Parlamento, Ignacio García, estarán en la Comisión. Para terminar la composición, las diputadas Alba Doblas y Marina Segura cierran la lista de IU.
El tono menor lo aporta el PSOE puesto que sus diputados en la comisión serán Antonia Moro, Enrique Benítez y Jesús María Ruiz. Sólo adquiere relevancia precisamente la suplencia, que será desempeñada por el secretario general del grupo socialista, José Muñoz.
Tres miembros y un suplente por cada grupo parlamentario es la composición definitiva de la Comisión de Investigación del caso ERE. Esto es, nueve miembros titulares, de los que seis pertenecen a la coalición de gobierno, uno de cuyos miembros es precisamente el investigado por su gestión y participación en el caso de los ERE.
El presidente de la Comisión será elegido mañana de entre sus miembros aunque no hay acuerdo. El PP pide presidirla por ser el grupo mayoritario, pero IU y PSOE no parecen inclinados a aceptarlo.
Las sesiones de la Comisión, todas ellas, serán a puerta abierta, y los grupos decidirán sobre el comienzo de los trabajos, el método, los comparecientes y los plazos para aprobar las conclusiones. No hay plazo para finalización del trabajo y si la Comisión decidiera trabajar se podrá habilitar este mes, que es inhábil por vacaciones parlamentarias.
Según el Reglamento del Parlamento andaluz, "las decisiones de las Comisiones de Investigación se adoptarán atendiendo al criterio de voto ponderado. Las conclusiones de estas Comisiones, que no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de la Cámara junto con los votos particulares que presenten los Grupos parlamentarios".
Las conclusiones aprobadas por el Pleno de la Cámara serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y comunicadas al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que la Mesa del Parlamento dé traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. A petición del Grupo parlamentario proponente se publicarán también, en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, los votos particulares rechazados.
Se trata de la primera Comisión de Investigación en la Cámara andaluza desde hace 17 años para indagar en las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por los ERE y las empresas en crisis otorgadas por la Junta entre el 2001 y el 2010. La última fue sobre la misteriosa desaparición de un préstamo impagado en el circuito informático de la Caja de Ahorros de Jerez que benefició a 32 dirigentes del PSOE de Cádiz, entre ellos, Manuel Chaves González, que, en cuento pudo, procuró su aborto en 1996.