La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Robles dice de que las reformas legislativas que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como la que afecta al órgano de Gobierno de los jueces o la ley del aborto, van a suponer "un retroceso de 30 años".
En una entrevista con Efe, Robles ha asegurado que tanto la reforma del CGPJ como la de la ley del aborto o la del Código Penal, "que va a imponer unas penas mucho más duras en determinados supuestos", son "muy restrictivas en el ámbito de los derechos".
Sólo dice estar de acuerdo "con un tema en concreto" y es que cinco de los veinte vocales tengan dedicación exclusiva pero ha insistido en que "el conjunto de la reforma es gravísima" y "va a suponer un retroceso muy importante desde la perspectiva de un Estado democrático".
¿Más poder para el Ejecutivo?
Según Robles, "lo que se pretende es desapoderar" al Consejo "de muchas competencias que pasarían al Poder Ejecutivo" y a pesar de que desde el ministerio "se ha dicho que con esta reforma lo que se pretende es una despolitización de la Justicia, se puede producir el efecto contrario".
Considera "evidente" que lo que pretende el Ejecutivo es "tener una influencia sobre el gobierno del Poder Judicial y eso es un retroceso de más de 30 años", dice olvidando que el CGPJ y ella misma han sido elegidos por un acuerdo entre los dos grandes partidos.
Sobre el nuevo presidente del Consejo, Gonzalo Moliner, la vocal ha destacado que su elección puede ser un "factor importante" para recuperar la deteriorada imagen de éste órgano tras el caso Dívar, aunque "va a ser necesario un gran esfuerzo de todos para intentar superar una situación que ha sido ajena a todos los vocales".
"No podemos negar que hay una opinión generalizada de que se estaba haciendo un mal uso del dinero", pero "esa opinión no se corresponde con la realidad, porque las actuaciones de Carlos Dívar hacían referencia a viajes de carácter privado los fines de semana y ese tipo de viajes no se daban en los otros vocales", ha precisado.
No obstante, ha reconocido que "para que no haya ninguna sombra de duda sobre que haya habido una utilización adecuada de los fondos públicos" sería buena "una política, no sólo de austeridad, sino de transparencia", y ha recordado que siempre ha sido "partidaria de que se dé publicidad a los viajes de los vocales".
"En mi opinión, sería bueno que se hicieran públicos los gastos de los vocales", ha reiterado Robles, a la que a raíz del caso Dívar se la llegó a llamar "la presidenta en la sombra", calificativo del que se defiende con una sonrisa y con el argumento de que solo es una vocal y "con un solo voto poco puedo hacer".
Respecto a la posibilidad de que los jueces se declaren en huelga en septiembre en protesta por los recortes, ha pronosticado que este va a ser "un otoño que va a preocupar a la sociedad y los jueces no pueden ser ajenos a esa preocupación de la sociedad".
"Si los jueces se están planteando reivindicaciones, no lo hacen desde una perspectiva corporativista, sino como una preocupación por la situación de la sociedad y, sobre todo, de aquellas personas que están en una situación más límite desde el punto de vista de sus necesidades económicas".
Para Robles, "el problema es la realidad social que está viviendo este país, en el que, evidentemente, está habiendo unas políticas restrictivas de enormes recortes a las personas más desfavorecidas" y ha calificado de "gravísimos" los recortes en prestaciones sanitarias.