(Libertad Digital) El secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, ha dicho que su partido "respetará" la decisión que adopte el juez en relación con la excarcelación de Juan Ignacio De Juana Chaos, pero recalcó que sería un "escándalo" que este "sanguinario terrorista" fuera puesto en libertad.
Por su parte, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, consideró "tremendo" que De Juana Chaos, al que definió como "uno de los terroristas más sanguinarios" de ETA, "pueda quedar en libertad", aunque se negó a comentar esta decisión judicial, como cualquier otra, "por razones obvias de respeto a la independencia judicial". En declaraciones a La Mañana de la Cadena COPE, Ángel Acebes denunció "la contradicción permanente" del PSOE que, "a lo largo de su historia", no sólo "ha criticado" decisiones judiciales sino también "a los jueces que las han promovido", y defendió el "derecho a poder criticar" en democracia las resoluciones judiciales.
Acebes confió en que prospere el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de no procesar por integración en banda armada y amenazas a De Juana Chaos, condenado a penas que suman casi 3.000 años de prisión, de los que sólo ha cumplido 18. Tras afirmar que es "tremendo" y una "malísima noticia para todos" la posibilidad de que el preso etarra salga en libertad, el dirigente del PP subrayó que el Estado de Derecho "tiene que tener necesariamente instrumentos para que un terrorista, condenado a 3.000 años de cárcel, que todo el mundo sabe que forma parte de la banda terrorista ETA, continúe en prisión y pague por sus terribles crímenes".
Acebes confió en que prospere el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de no procesar por integración en banda armada y amenazas a De Juana Chaos, condenado a penas que suman casi 3.000 años de prisión, de los que sólo ha cumplido 18. Tras afirmar que es "tremendo" y una "malísima noticia para todos" la posibilidad de que el preso etarra salga en libertad, el dirigente del PP subrayó que el Estado de Derecho "tiene que tener necesariamente instrumentos para que un terrorista, condenado a 3.000 años de cárcel, que todo el mundo sabe que forma parte de la banda terrorista ETA, continúe en prisión y pague por sus terribles crímenes".
El número dos del PP espera que el recurso de la Fiscalía a la decisión del juez prospere. Lo cierto es que Jesús Alonso, fiscal de la Audiencia Nacional, ha presentado un duro recurso, ya que entiende que la libertad de De Juana Chaos "no sólo perjudica a este sumario sino también a la sociedad en general, que se ve inerme ante un individuo que no usa la razón en su actuar sino en que en su quehacer diario usa el crimen y el terror para obtener los beneficios que sus conciudadanos de otro modo no le ofrecerían". El fiscal recuerda cómo celebró De Juana el asesinato del matrimonio Becerril.
Por su parte, el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz, anunció que este martes o "como muy tarde" el miércoles, la AVT presentará un recurso contra la decisión del juez Santiago Pedraz. Alcaraz, que calificó de "lamentable" la decisión del juez, expresó que "tanto el recurso interpuesto por la Fiscalía como por la Asociación Víctimas del Terrorismo pueden ser efectivos". "Si este proceso sale adelante y De Juana de Chaos sale a la calle el 8 de agosto, la sociedad española no se va a estar quieta", advirtió Alcaraz, a lo que añadió que "saldremos a la calle y ejerceremos las medidas de presión que tengamos que hacer".
"Creemos y confiamos que pueden prosperar los recursos presentados por la reducción de penas como por los artículos del Gara, que este juez no valora como delitos", puntualizó el presidente de la AVT, con el fin de "evitar que este asesino salga a la calle", apostilló. Así las cosas, Alcaraz señaló que "esta noticia provoca una consternación tremenda a todo el país" y añadió que es "lamentable" que "goce, quizás, de la simpatía de algunos líderes como el de IU, Gaspar Llamazares, o Esquerra Republicana de Cataluña", ya que "estos líderes son los que abogaron hace dos años para que estos terroristas salieran a la calle de manera impune después de cometer 25 asesinatos".
El historial del juez Santiago Pedraz...
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...El historial del juez Santiago Pedraz
Siendo juez en San Sebastián entre 1988 y 1992, Santiago Pedraz pretendió someter a una rueda de reconocimiento a cinco policías antidisturbios uniformados y sin personal de relleno, que había imputado por los altercados que habían provocado miembros de Herri Batasuna. Uno de los testigos estaba considerado colaborador del Grupo Donosti. Acusó a los policías de desobediencia por negarse a la rueda con uniforme. La Audiencia Provincial le desautorizó.
Con anterioridad, el mismo juez citó a ruedas de reconocimiento a 80 policías nacionales por una denuncia que cuatro años antes había presentado una mujer que sufrió una lesión en un codo durante otra violenta manifestación de HB. Al haber pasado cuatro años, los agentes estaban repartidos por España en diferentes destinos. Sin embargo, el magistrado los hizo comparecer a todos en sucesivas ruedas.
En 1998, el magistrado Santiago Pedraz, entonces al frente de un Juzgado de Primera Instancia de Madrid, impuso una fianza de 40 millones de pesetas a Antonio Rubio y Manuel Cerdán, periodistas de El Mundo, después de que el abogado Manuel Cobo del Rosal se querellaba contra ellos por injurias. Rubio y Cerdán habían escrito un artículo sobre el asesinato de Mustafá Nasimi, testigo clave en la causa seguida contra Al Kassar. La noticia se tituló: "Nasimi, Al Kassar y los lazarillos Cobo y Vera". Un año después, otro juez volvió a desautorizar a Pedraz y absolvió a los periodistas de El Mundo.
La última decisión polémica de este juez de la Audiencia Nacional ha sido la de cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos para interrogar como imputados a los tres militares estadounidenses responsables del carro de combate que disparó contra el Hotel Palestina de Bagdad, lo que provocó la muerte del cámara de Telecinco José Couso, el 8 de abril de 2003. El magistrado deberá decidir ahora si les cita a declarar en la Audiencia Nacional o se desplaza en persona, en comisión rogatoria, a Estados Unidos para interrogarles por un supuesto delito contra la comunidad internacional, castigado con una pena de diez a quince años de prisión.