(Libertad Digital) Estas palabras pertenecen a la introducción del libro "Reformas territoriales" editado por la Fundación Pablo Iglesias, que recoge las ponencias de las jornadas celebradas por el Partido Socialista en Sigüenza, en las que convocaron a varios expertos y miembros del PSOE para tratar los nuevos estatutos de autonomía. En el texto introductorio, Guerra recuerda que la Constitución se puede reformar, pero que no podría hacerse sin el principal partido de la oposición, el PP, por lo que "sin el acuerdo del PSOE y del PP, la modificación de la Constitución no es posible".
A su juicio, "la pretensión de denominar nación a una Comunidad Autónoma presenta dos serios obstáculos que hay que tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Por un lado, de aceptarse esa definición se rompería el pacto logrado en el debate constitucional, en donde se acordó adoptar únicamente los términos "nacionalidad" y "región". Y, por otro lado, constituiría el inicio de una reivindicación posterior que en pocos años llevaría a algunos a defender que toda una nación (jurídicamente reconocida como tal) ha de tener un Estado". Alfonso Guerra considera que "existe un margen muy estrecho para cualquier intento de incrementar competencias o transferencias desde las arcas del Estado, a menos que se busque o se acepte la práctica desaparición de éste".
Coincidiendo con las exigencias de la ETA de anexionarse Navarra, Alfonso Guerra declara que "en contra de la sugerencia de Gregorio Peces Barba, no considero necesario, conveniente ni posible la supresión del artículo 145 CE" que afirma taxativamente que "en ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas". La supresión de este artículo permitiría una hipotética anexión de Navarra por el País Vasco, así como la construcción de los Països Catalans. El mismo artículo de la Constitución prevé que las CC.AA. "podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas", pero necesitarían "la autorización de las Cortes Generales".
Contra la "balcanización fiscal"
El texto de Alfonso Guerra incluye siete críticas a "los principales cambios de los límites constitucionales que se pretenden (o se pretendían) a través de los Estatutos". El primero se refiere a lo que considera "cambio del cuerpo constituyente español y consiguientemente fragmentación de la soberanía popular, bien directamente", en referencia al Plan Ibarretxe, "bien a través del sistema de financiación" como hace el Estatuto de Cataluña. También considera que hay un "cambio en la estructura institucional del Estado establecido en la Constitución" y que la creación, como pretendía Ibarretxe de un Estado libre asociado "hubiera significado la quiebra de la columna de sustento de la arquitectura constitucional".
Otra de las siete críticas se refiere al blindaje de competencias, ya que "se trata de impedir la elaboración de una ley de bases que oriente la legislación autonómica". Es, a su juicio, como la Ley de ordenación de las Administraciones Públicas, pero " a la inversa, pues de prosperar serían las Comunidades Autónomas las que establecerían los límites a la legislación del Estado". A ello se suma se produce una "inversión del orden constitucional en cuanto a la capacidad legislativa", pues "se pretenden modificar leyes orgánicas a través de los Estatutos". Además, dice en su quinta crítica, se produce una "violación del mecanismo constitucional de delegación o transferencia de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas", previsto en el artículo 150.2 de la Constitución. Otra de sus críticas apunta directamente al Estatuto de Cataluña, texto que proclama la "asunción de todas las tareas del Estado sin norma habilitante para ello".
Pero la crítica de fondo más elaborada se refiere al sistema propuesto de financiación autonómica que supone "la ruptura de varios principios constitucionales", y cita en concreto "igualdad, solidaridad interregional y la prohibición de que la autonomía comporte privilegios económicos y sociales". Con el nuevo sistema se produce una "ruptura unilateral de la coordinación produciría una quiebra fiscal que llevaría a una balcanización fiscal del Estado". Además, "las pretensiones de fijar la financiación en los Estatutos de Autonomía chocan con la legalidad vigente, que establece que será en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en donde se hayan de coordinar la Hacienda central y la autonómica". Según Alfonso Guerra, el argumento de las balanzas fiscales "no es sino una repetición a la española de lo ocurrido en Italia con la rebelión fiscal del Norte".