Cambios para combatir a ETA: los electos de un partido ilegal perderán el escaño

El Gobierno ha preparado una modificación de la Ley Electoral General con el fin de dificultar que Batasuna-ETA se cuele en las instituciones y si lo hace, tener mecanismos –lligados a unos supuestos– para que sus electos no sigan en los escaños, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Este mismo jueves, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Gaspar Zarrías, aseguró en una entrevista concedida a Europa Press, que se llevarán a cabo cambios legislativos en este sentido.

La reforma es el resultado del trabajo que ha pilotado el Ministerio del Interior y que ha venido realizando durante los últimos meses junto con el de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, Administraciones Públicas y el Ministerio Fiscal. Esta tarea se ha sustanciado en un informe que, según las fuentes consultadas, presentará próximamente Alfredo Pérez Rubalcaba ante el Consejo de Ministros con el fin de informar sobre el planteamiento que se hace para reformar la Ley con el fin de, como dijo ayer mismo el titular de Interior, "perfeccionar" la "política antiterrorista".

Lo que se pretende con esta reforma es cubrir los huecos legales que se han visto durante estos años en la aplicación de la Ley de Partidos Políticos de 2002, y que ha servido para llevar a cabo un total de nueve ilegalizaciones. Una tarea, además, que ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Las propuestas de modificación son varias, pero pilotan sobre dos ejes. Por un lado, se plantea la posibilidad de ampliar el plazo para llevar a cabo las impugnaciones de candidaturas. En la actualidad ese plazo comienza a correr en el momento en el que se proclaman oficialmente las candidaturas y concluye el día que se inicia la campaña electoral. Pero el ejemplo reciente de las elecciones europeas ha demostrado que no es suficiente.

En estos comicios del 7 de junio de 2009 se presentó Iniciativa Internacionalista y tras ser admitida la impugnación de sus listas por parte del Tribunal Supremo, por entender que suponían una continuidad de las marcas ilegalizadas de Batasuna, el Tribunal Constitucional consideró que no había suficientes pruebas para impedir que concurrieran a los comicios europeos. Pero tras pasar este trámite, el primer día de campaña electoral, la candidatura apareció respaldada por las mismas caras que formaban parte de las marcas ilegalizadas. Sin embargo, la ley no permitía una nueva impugnación por haber agotado los plazos. Situaciones como estas son las que se quieren evitar y por ello, el Gobierno se ha propuesto alargar los plazos de tal manera que si aparecen situaciones nuevas como en este caso, haya un instrumento con el que actuar.

El segundo pilar en el que se basa esta reforma es la necesidad de establecer un mecanismo para que los cargos electos de un partido que haya resultado ilegalizado puedan perder sus escaños. Esto no ocurre en la actualidad y son conocidos los casos de los electos del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), que siguieron en el parlamento vasco después de su ilegalización y de los concejales de Acción Nacionalista Vasca (ANV), que se mantienen en los ayuntamientos vascos y navarros, donde además gobiernan un total de 43 municipios. Esta posibilidad estará sujeta a un catálogo de supuestos, previsiblemente orientados a demostrar que el electo afectado no se ha desvinculado de la violencia.

Las fuentes consultadas por Europa Press descartaron que se fuera a incluir en estas reformas la posibilidad de disolver las corporaciones locales gobernadas por un partido ilegalizado, ya que, aunque fue barajado en su momento –sobre todo a raíz de la no condena de ANV a los últimos asesinatos de ETA–, se ha considerado técnicamente inviable.

La inclusión de estos cambios en la Ley Electoral General podría realizarse en la subcomisión creada en el Parlamento para reformar la LOREG, que tiene previsto reunirse en abril, tras las vacaciones de Semana Santa y cuyo plazo para finalizar los trabajos es el próximo mes de junio. La intención es que el trámite parlamentario se realice en el último trimestre de este año, con el fin de que esté en vigor para las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebran en 2011.

Reforma conjunta con el PP

Precisamente estas reformas han sido reclamadas en muchas ocasiones por el Partido Popular y más recientemente el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, planteó al presidente del PP, Mariano Rajoy la necesidad de abordarlas conjuntamente con el PSOE.

En este contexto, la dirección popular ha trasladado al Ejecutivo su propuesta de realizar modificaciones legales con el fin de poner las cosas más difíciles a Batasuna-ETA y a sus sucesores para que no puedan 'colarse' en las instituciones. Además, los populares también  están trabajando por su parte en la búsqueda de fórmulas legales que permitan expulsar de los ayuntamientos, el Parlamento o las diputaciones a los electos que no se desvinculen del terrorismo.

Fuentes de la dirección del PP consultadas por Europa Press afirmaron que la intención es realizar conjuntamente las reformas que optimicen la Ley de Partidos y la Ley Electoral.

De hecho, Rubalcaba adelantó en la tarde de este jueves al responsable en la materia del PP, Federico Trillo, que el informe con las modificaciones será estudiado este mismo viernes por el Consejo de Ministros.

La Ley de Partidos actual, aprobada en junio de 2002 en el Congreso de los Diputados, abrió el camino para impedir el acceso a las urnas de casi una decena de organizaciones dependientes de Batasuna, ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2003. Esta Ley estableció el mecanismo sustantivo, aunque la mecánica aplicada para la impugnación de las candidaturas se realizó a través de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

La Ley, ya en su exposición de motivos, explicita la intención de impedir "que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas".

La primera vez que se aplicó esta legislación fue en 2003 para ilegalizar a Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna y la última ocasión en que la Sala Especial del 61 del alto tribunal dictó una ilegalización fue el pasado septiembre de 2008 cuando disolvió a las formaciones ANV y PCTV por haber asumido el proyecto de ETA.

Entre una y otra, el alto tribunal --con el respaldo del Tribunal Constitucional-- ya había dictado en otras ocasiones la anulación de listas electorales debido a su relación con la ilegalizada Batasuna. Se trata de Sozialista Abertzaleak, AuB, Herritarren Zerrenda, Aukera Guztiak, ASB y 3DM.