Se trata, como hay que recordar, de las diligencias abiertas por el concurso "ilegal" mediante el que se adjudicó a Sando en 2006 el derecho de superficie sobre los terrenos del mercado central de abastos. Esta parte del caso se abrió en paralelo a la que se instruye por la petición de comisiones a empresarios de La Raza por parte de los directivos de la sociedad municipal. Castaño declarará el próximo 17 de diciembre.
Castaño era, cuando se elaboró el pliego de condiciones para dicho concurso cuya ilegalidad es manifiesta para la jueza, director de área en Vía Pública —en Urbanismo— y, a la par, consejero de Mercasevilla y miembro de su comisión ejecutiva.
Casualmente, claro, tras consumarse la operación urbanística en cuestión, que benefició irregularmente a Sanma —filial de Sando— pese a presentar una oferta 52 millones de euros menor que la de su principal competidora, Castaño dejó su cargo público y fue fichado precisamente por otra filial de la promotora malagueña, Desarrollos Urbanísticos Sevilla Este (Duse), donde ha ocupado puesto directivo hasta hace unas semanas, cuando fue despedido por "la crisis del sector inmobiliario".
Duse es, por su lado, la empresa que ostenta los derechos del suelo de todo el nuevo distrito de Santa Bárbara, entre Torreblanca y el aeropuerto, un gran negocio urbanístico que el Ayuntamiento de Sevilla le adjudicó.
Es decir, que el asesor del alcalde, Castaño, participaba en las dos áreas claves necesarias para que la operación irregular saliera adelante. Ocupaba puesto de responsabilidad tanto en el propio Mercasevilla como en Urbanismo, los dos departamentos donde se gestionó el chanchullo.
La intervención judicial del servidor de correo electrónico de la Gerencia ha revelado intercambio de mails entre el mercado de mayoristas y el área de Vía Pública —Urbanismo—, donde Castaño tenía el control siendo el segundo del concejal Manuel Gómez Lobo.
El nuevo imputado había sido asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, en el Grupo Municipal del PSOE. El propio Fernando Mellet, en su reciente declaración judicial, señaló que la relación entre Castaño y el alcalde socialista era «estrecha».
La jueza le ha citado el 17 de diciembre, con lo que se convierte en el quinto imputado por estas diligencias junto al que fuera director gerente de la sociedad, Fernando Mellet, el vicesecretario del consejo, Jorge Piñero, y los técnicos Victoria Bustamante y José Antonio Ripollés, que trabajaron en la confección del pliego de condiciones.
En su auto, la magistrada señala asimismo que Mellet ya le ha remitido un mail que dirigió en 2005 a Bustamante sobre las condiciones de concesión de los terrenos.