(Libertad Digital) En 1997 comenzó para Javier Gómez de Liaño un calvario que duró cinco años y le apartó de la carrera judicial. El juez ni siquiera llegó a instruir el caso Sogecable pero, a juzgar por la ofensiva judicial y mediática desatada, se estaba acercando mucho a la realidad sobre las fianzas de los descodificadores de Canal Plus. Juan Luis Cebrián, el propio Jesús Polanco y el juez Enrique Bacigalupo desencadenaron entonces el feroz ataque al magistrado al que consiguieron condenar por el peor delito que se puede cometer en el ejercicio de la judicatura, la prevaricación. Tras el indulto decretado por el Gobierno no cesó el acoso. Los mismos jueces que lo condenaron se opusieron –amparados por la cuerda izquierdista del CGPJ– al reintegro de Liaño en la carrera judicial y el propio Polanco se jactaba de haber "librado a España de un juez como ese". El dique mediático judicial se rompió y Liaño fue reintegrado el 8 de mayo de 2003. Pero, tras tantas zancadillas, prefirió seguir dedicándose a la Justicia desde la abogacía privada.
En junio del año 2001, el fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, dijo que Javier Gómez de Liaño había sido condenado por el caso Sogecable "con menos derechos que un preso preventivo". De hecho, consideró que "no había motivos para condenarle, expulsarle y suspenderle. Si la Fiscalía de la Audiencia Nacional hubiese visto que cometió cualquier irregularidad o anomalía en el caso Sogecable, hubiéramos actuado independientemente de que fuera nuestro conocido". Años después, las palabras del fiscal se confirmaron. Fue precisamente cuando el fiscal Gordillo solicitó comisiones rogatorias en un paraíso fiscal cuando surgió de la imaginación de Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA, que el juez Liaño estaba diseñando su prevaricación ayudado por periodistas. Se personaron en el juicio como acción particular el propio Cebrián, y su jefe Jesús de Polanco, defendidos por los abogados Horacio Oliva García, Antonio González Cuellar y Matías Cortes.
La defensa del imperio mediático merece un análisis aparte: Entre los múltiples clientes que ha tenido Horacio Oliva destacan el amigo del ex presidente del Gobierno, Felipe González, Enrique Saralosa (caso Metro de Medellín), José María Benegas y Fernando Garro (Argentia Trust) o el juez Miguel Moreiras (tras ser apartado del caso Argentia Trust por sus declaraciones en el diario ABC). Asimismo, Horacio Oliva también se ha encargado de llevar los asuntos judiciales nada menos que del ex secretario de organización del PSC-PSOE, Carlos Navarro (caso Filesa), Rafael Montes (en el caso abierto por la venta del solar de las torres KIO) y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi (investigado por Garzón por la gestión de Telecinco). Horacio Oliva es catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Comparte cátedra con, entre otros, Manuel Cobo del Rosal, abogado de Rafael Vera. No faltó, en la acusación popular contra Liaño, hasta la escandalosa presencia del abogado Emilio Rodríguez Menéndez. El ponente de la sentencia fue el magistrado Gregorio García Ancos.