Es la crónica de un carpetazo anunciado. A las 12:30 de la mañana se reunía a puerta cerrada la Comisión del Estatuto del Diputado. En el orden del día figuraba el punto relativo al incremento patrimonial de José Bono. Un escrito convalidado por el órgano rector de la Cámara, la Mesa, y remitido a la citada Comisión, motivó la petición de un informe de los servicios jurídicos de la cámara sobre las competencias del organismo parlamentario, que hoy se ha declarado “incompetente”.
Tal y como adelantaba a primera hora de la mañana este periódico, la Comisión ha dado carpetazo a la investigación. Todos los grupos, salvo el PP, han votado en contra de este trámite por considerar que la Comisión “no es competente para investigar bienes patrimoniales, sino actividades”. La sorpresa ha estado en el voto del PP: la abstención.
Fuentes parlamentarias populares se han justificado ante Libertad Digital: “Tienen razón, la Comisión no es competente para investigar patrimonios, pero debería de serlo, porque, en ocasiones, los patrimonios son indicios de actividades”.
Este es el motivo por el que hoy el PP ha anunciado que promoverán una comisión de investigación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. “Ya les anuncio que el PP va a hacer uso de esta posibilidad”, ha dicho el portavoz del PP en dicha comisión, Vicente Ferrer. “En breves días esto se producirá”, ha añadido explicando que el procedimiento “es el de una comisión de investigación que investigue si pudiera haber trafico de influencias de José Bono”.
Desde la presidencia de la Comisión del Estatuto del Diputado, Francés Vallés, ha arremetido contra el PP. “Quieren darle recorrido”, ha explicado. Pero “es una interpretación clara del reglamento y todos los grupos parlamentarios salvo el PP han tomado la decisión. Tenemos la competencias delimitadas y entre ellas no están las declaraciones de bienes”, decía el socialista Vallés.
Lo ocurrido esta mañana revela según el PP “la falta de mecanismo de autocontrol de los diputados”. Algo que podría subsanarse con una reforma del Reglamento del Congreso y de la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que permitiera otorgar a la Comisión del Estatuto del Diputado competencias de control parlamentario. “No se descarta ninguna posibilidad y eso también está en estudio”, aseguran.