Fuentes del Constitucional señalaron que, en el actual escenario, la opción que parece como más factible es que la ponente reelabore su propuesta en determinados aspectos con el fin de concitar un mayor consenso.
Esta posibilidad entraña sin embargo cierta dificultad de éxito visto lo ocurrido en el "sondeo" realizado en el alto tribunal, que ha dejado demostrado que si bien existe mayoría para tumbar la ponencia, en la situación actual no habría votos suficientes para sacar una sentencia adelante que avale el Estatuto.
Otras opciones, según las mismas fuentes, pasarían por la redacción de una nueva ponencia por parte de la magistrada Pérez Vela o bien que ésta, al no poderse superar la actual situación, renuncie a la misma. En este caso, la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, debería designar nuevo ponente o bien asumir ella misma la elaboración del texto que sería más tarde sometido al Pleno del Tribunal.
Según las informaciones difundidas el pasado, durante la consulta realizada se habrían posicionado a favor de la ponencia, además de su autora, la propia presidenta del tribunal y los magistrados de tendencia progresista Eugeni Gay y Pascual Sala. En contra habrían votado el vicepresidente del tribunal, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata y Javier Delgado, todos ellos situados en el sector conservador del tribunal, a los que se habría sumado Manuel Aragón, quien por su actuación hasta el momento venía siendo situado en el sector de izquierdas.