Cuando se intensificaba el "señalamiento" de la juez como elemento hostil por parte de las defensas de los socialistas implicados y, curiosamente, del PSOE que ejercía la acción popular, el Fiscal, es decir, la Fiscalía de Sevilla, en la que el PSOE tenía depositadas sus esperanzas, ha echado un jarro de agua fría sobre los imputados en el caso Mercasevilla.
Ayer, la Fiscalía de Sevilla, el Partido Popular, el Partido Andalucista y la Fundación Mercasevilla imputaron un delito de cohecho a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Antonio Ponce; al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y a la funcionaria Regla Pereira, dentro de la investigación abierta por el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza.
El abogado que representa al PSOE imputó únicamente a Mellet y Ponce por un delito de estafa cualificada en grado de tentativa, dejando fuera de las imputaciones tanto a Rivas como a Pereira. Además, el PP pidió que también se imputara a Mellet por uso de información privilegiada --delito éste que también imputa a Ponce y Pereira-- y tráfico de influencias, además del delito de cohecho, mientras que acusa a Rivas de los mismos delitos y también de prevaricación.
Precisamente por esa esperanza que tenía en el comportamiento de la Fiscalía, ni la Junta de Andalucía ni el PSOE de Sevilla habían tomado la decisión de exigir las dimisiones de sus miembros imputados. Ahora, la Fiscalía ha hablado y veremos qué hacen la Junta y el PSOE, a los que se crea un grave problema interno puesto que, por ejemplo, Antonio Rivas no es cualquier cosa en su organización sino un "factotum" que ha hecho y deshecho por encargo en la provincia de Sevilla y que es conocedor de secretos y componendas a centenares.
Relato de los hechos según la Fiscalía y las acusaciones
Según el acta de comparecencia, cuenta Europa Press que el fiscal considera que hay indicios "suficientes" respecto a los cuatro imputados, relatando que, tras conceder la Junta una subvención de 900.000 euros a favor de Mercasevilla para una escuela de hostelería --cuya gestión se había acordado previamente que se encargaría a Restauración Alazar S.L.--, Rivas, "en connivencia" con Mellet, acordó exigir a los responsables de Alazar una comisión de 300.000 euros a cambio de explotar la escuela.
Así, sigue el fiscal, el 16 de enero de 2009 los imputados concertaron una reunión con los responsables de Alazar, que se reunieron con Ponce y Pereira, "quienes, conociendo las intenciones de los otros imputados, accedieron a colaborar con ellos con el ánimo de obtener un ilícito beneficio".
La Fiscalía añade que, iniciada la referida reunión, Ponce "exigió" a los empresarios 300.000 euros, añadiendo además que "también tendrían que hacerse cargo de pagar el coste de la instalación eléctrica, de 150.000 euros", a lo que Ponce añadió que dicho dinero "era una contribución a la Junta", y asegura la Fiscalía que estas mismas exigencias "se reiteraron" en una segunda reunión celebrada el 27 de enero, esta vez con la presencia de Mellet y Ponce.
El letrado de la Fundación Mercasevilla relató que el 16 de enero Ponce, en presencia de Pereira "y siguiendo las instrucciones de Mellet", exigió al empresario Pedro Sánchez Cuerda la entrega de 300.000 euros y el pago de la nueva acometida eléctrica --150.000 euros--, mientras que el 27 de enero Mellet y Ponce se reunieron con Sánchez Cuerda y José Ignacio Rojas "y volvieron a exigir dichas aportaciones, ello invocando la pretendida necesidad de colaborar con la Junta como supuesta precondición para la definitiva efectividad de la subvención".
Por ello, imputaba a los cuatro un delito de cohecho, aunque en el caso de Rivas señala que la aseveración manifestada por Mellet en cuanto a que "siguió" sus instrucciones "no aparece en principio apoyada en prueba de otro carácter", aunque "visto que el fiscal no comparte ese criterio, y sin perjuicio de reservarnos la decisión definitiva de sostener acusación en el momento procesal oportuno", se adhiere a la imputación formal realizada por la Fiscalía. Así, el abogado ha asegurado a los periodistas que, en el caso de que no surjan nuevas pruebas "sólidas", retirará la imputación contra Rivas y Pereira.
El abogado del PP destacó que el 16 de enero, y tras haberse concedido a la Fundación Mercasevilla la subvención de 900.000 euros para la creación de la escuela de hostelería, "a instancias" de Rivas y Mellet se exigió por parte de Ponce a Sánchez Cuerda la suma de 450.000 euros "como recompensa por la subvención", de los cuales 300.000 "deberían ser entregados en un maletín que se dejaría olvidado en un despacho para que alguien lo recogiera", una petición que se volvió a repetir el 27 de enero, cuando señalaron que los 300.000 euros los pedían "por exigencias de la Junta".
Los excesos, según el abogado del PSOE
Por último, el letrado del PSOE expone que "hay un triple exceso" en la causa, "en el número de personas imputadas, en el importe de las fianzas e indebida tipificación de la actividad delictiva". En el caso de Rivas "no figura en ningún momento en el contenido de la grabación ni como excusa de la pretendida estafa cualificada que pretendieron cometer".
Naturalmente, las cuatro defensas —Fernando Mellet, ex director; Daniel Ponce, ex director adjunto; Regla Pereira, ex secretaria de dirección; y Antonio Rivas— pidieron el sobreseimiento de la causa.
La juez Mercedes Alaya acordó la suspensión de la comparecencia para decidir sobre la nulidad solicitada por el último de los abogados y sobre las cuestiones planteadas por el resto, todo ello a fin de decidir, con arreglo a la Ley del Tribunal del Jurado, sobre la continuación o no del procedimiento.