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El Gobierno irrumpe en el Constitucional recusando a dos jueces conservadores

La Abogacía del Estado ha formulado en nombre del Gobierno la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, para anular sus votos en la denominada "enmienda Casas" con la que se blinda a la actual presidenta. Una medida sin precedentes en la historia de la democracia. Desde el PP, Ignacio Astarloa, calificó la situación de "escándalo" y dijo que "llueve sobre mojado" pues en su opinión no es la primera vez que intenta controlar la alta institución.

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(Libertad Digital) El Gobierno justifica el recurso alegando que García-Calvo y Rodríguez-Zapata están contaminados y no reúnen la apariencia de imparcialidad después de haber emitido una misiva en el que mostraban su "profunda discrepancia" con la reforma de la LOTC que prorrogó automáticamente el mandato de la presidenta María Emilia Casas a un mes de que se superase la fecha de salida.
 
La vicepresidenta primera del Gobierno Fernandez De la Vega, por su parte, acordó, tras el Consejo de Ministros autorizar al abogado del Estado, Joaquin de Fuentes Bardají, para que proceda a la recusación de los dos magistrados. Según De la Vega, los dos miembros del Constitucional prejuzgaron el objeto de litigio y, por lo tanto, han incurrido en una causa legal de recusación.
 
Además, aseveró que "como ha dicho el TC, la imparcialidad del juez no es sólo garantía para las partes sino para la autoridad y el prestigio de los tribunales, autoridad y prestigio que en una sociedad democrática descansa en la confianza de los ciudadanos que está depositada en la imparcialidad de los jueces".
 
El secretario de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, calificó de "escándalo" el recurso aunque consideró que "llueve sobre mojado" pues no es el primer intento del Gobierno de Zapatero por controlar la institución. Astarloa en declaraciones recogidas por EP en Hospitalet (Barcelona) aseguró que la recusación del Ejecutivo tiene por objetivo anular el recurso del PP contra la LOTC. 
 
Fuentes jurídicas consultadas por EFE, informaron de que el Abogado del Estado considera en su recurso que la actitud de García Calvo y de Rodríguez Zapata es contraria a la "necesaria imparcialidad" exigible a un magistrado y revela un "prejuicio" sobre el asunto que será objeto de deliberación. Los Servicios Jurídicos del Estado subrayan, además, que ese pronunciamiento expreso de los dos magistrados sobre el contenido de la ley se produjo cuando aún no había concluido el plazo en el que ésta podía ser recurrida.
 
Sin embargo, otras fuentes jurídicas de máximo nivel han manifestado en estos días la irregularidad de la reforma de la LOTC por considerar que el poder ejecutivo impone la prórroga de la actual presidenta invadiendo las competencias del Alto Tribunal. No en vano, es la primera ocasión en democracia en la que un Gobierno recusa a un magistrado del Constitucional.
 
Perspectiva compartida por el secretario de Justicia del PP que juzgó "contraria a la Constitución" la llamada "enmienda de Casas".   "La enmienda Casas se aprobó con nocturnidad y alevosía, y, con ella, el Gobierno impuso su mayoría para que una persona sea presidenta 'sine die'", dijo.
 
Si García-Calvo y Rodríguez-Zapata son apartados de las deliberaciones, el llamado sector progresista del TC recuperará la mayoría en el pleno, perdida el pasado lunes cuando se aceptaron las abstenciones de Casas y del vicepresidente Guillermo Jiménez.
 
Los diez magistrados restantes están divididos cinco a cinco entre progresistas (Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps) y conservadores (Vicente Conde, Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas). Estos últimos, no obstante, tienen en su mano la posibilidad de inclinar a su favor los debates gracias al voto de calidad de Vicente Conde, el presidente accidental del pleno -por razón de edad- en ausencia de Casas y de Jiménez.
 
Balanza que se cree necesaria para que el Estatuto de Cataluña no salga muy mal parado del recurso de inconstitucionalidad que presentó el Grupo Popular en el Tribunal Constitución y que aún está pendiente de sentencia.
 
Sin ir más lejos, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, atribuyó la actual situación a la presión que se ejerce desde "sectores nacionalistas" en relación con determinados como es el texto catalán.
 
 "Lo que ahora toca es exigir tranquilidad", según García, para que el Tribunal Constitucional puede cumplir de forma serena con sus funciones "sin presiones, sin empellones y sin coacción, tan sólo con la Constitución en la mano", concluyó.
 
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, por su parte,  manifesó que  "es de esperar que, al margen de que la recusación sea o no admitida por el resto de magistrados, las razones que han movido al Gobierno sean la defensa del interés general que es lo que le corresponde al Gobierno de la nación".
 
Con todo, el portavoz del CGPJ en declaraciones para Europa Press no obvió que se trata de "una situación procesal que nunca se había producido", pero recordó que, "en su momento, deberá ser resuelta por el resto de integrantes".
 

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