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El Gobierno pacta con el tripartito que el Estatuto recoja el “deber de conocer el catalán”

El Gobierno cerró el pasado 29 de diciembre con los partidos catalanes, dentro de la negociación del proyecto de Estatuto, el artículo que obliga a conocer la lengua catalana al mismo nivel que el castellano. De esta manera, los ciudadanos de Cataluña tendrán el deber de conocer el catalán. Según informa este lunes el diario El Mundo, esto contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), que considera que las lenguas cooficiales de las autonomías no pueden tener la misma protección que el castellano.

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Negociación sobre el Estatuto.
(Libertad Digital) El rotativo nacional informa que ese artículo forma parte del capítulo de derechos y deberes pactado el pasado 29 de diciembre en Barcelona en la reunión que mantuvieron los representantes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los cuatro partidos que aprobaron el proyecto de Estatuto en el Parlamento catalán.
 
Tal y como muestran el documento de trabajo del Ejecutivo conocido hace tres semanas y las enmiendas del PSOE, que sólo proponían retoques mínimos, el Gobierno apenas ha manifestado objeciones a este apartado. De esta forma, el artículo 6.2 del futuro Estatuto dirá que "el catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen el derecho de utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el deber de conocerlas".
 
Jurisprudencia
 
Pero es aquí cuando cabe destacar que, en al menos tres sentencias del Tribunal Constitucional se explica que no se puede dar una protección idéntica a ambas lenguas, porque "sólo del castellano se establece un deber individualizado de conocimiento y, con él, la presunción de que todos los españoles lo conocen". Del mismo modo, en diciembre de 1994 se reconoció el uso del catalán como lengua vehicular en materia de enseñanza, pero utilizando como base la restrictiva doctrina anterior.

Según el diario El Mundo, se da igualmente la circunstancia de que el informe de los expertos del PSOE admite la posibilidad de aceptar “el deber de conocer el catalán”, siempre que no acarreara sanciones, algo que no está sucediendo en este momento en Cataluña.

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