L D (Agencias) Según ha explicado este jueves el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, en la presentación de las cuentas de su Departamento al Parlamento, los 478,5 millones de euros de presupuesto con los que contará esta Consejería –20 millones más si se incluye las cuentas de las sociedades públicas que dependen de ella–suponen un incremento del 19,76% respecto al actual ejercicio.
En Justicia se contempla una partida de 500.000 euros para el turno de oficio sobre violencia doméstica, 8,4 millones para la justicia gratuita, algo más de cuatro millones para la ejecución de medidas judiciales contra menores y 306.000 euros para subvenciones para asociaciones que trabajan "para mejorar la situación de los presos", según indicó Azkarraga. A esta última partida se le suman los 204.000 euros para ayudas destinadas "a subvencionar a las familias de personas penadas o en prisión preventiva", en su mayoría de la banda terrorista ETA, que se encuentren internadas en prisiones de fuera del País vasco.
Este dinero, sobre el que ninguno de los grupos planteo cuestión alguna, está programado en el capítulo de inserción social y supera en 4.000 euros, la cantidad reservada para este mismo objetivo, el Presupuesto de este año y en 7.000 euros a la de 2004.
Peces Barba denuncia el trato igualitario entre víctimas y presos
El Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces Barba ya remitió una carta el pasado martes a la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, en la que denunciaba que la ponencia de víctimas de esa cámara suprimiese la expresión "del terrorismo" al referirse a las víctimas.
Peces Barba ha reconocido el carácter "duro" de la misiva por la gravedad de la cuestión, basada en el hecho de que se trate de igual forma a unos y a otros. "En absoluto. Es un lenguaje que no se puede admitir de ninguna manera, entre otras cosas porque las víctimas del terrorismo no han pedido ni han hecho ninguna manifestación de voluntad para ser víctimas y los presos están siendo sancionados de acuerdo a la ley de un Estado de Derecho por haber tomado unas decisiones voluntarias cometiendo delitos", ha explicado.
El Alto Comisionado ha inaugurado este jueves las "Primeras Jornadas sobre la situación actual de las secuelas psicológicas de las víctimas del terrorismo". Sus consecuencias, explicó Peces Barba, contribuirán a la elaboración de la nueva Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo, incluyendo "las necesidades sanitarias, sociales y jurídicas de las personas que han sufrido la lacra del terrorismo, además de las económicas y de reconocimiento ya previstas en la actual ley". El planteamiento es dar "flexibilidad" al tratamiento psicológico a las víctimas del terrorismo porque, afirma el Alto Comisionado, con una cantidad asignada y periodo predeterminado de atención psicológica no se atiende correctamente a los miembros del colectivo.