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El portavoz del CGPJ recuerda a Montilla que son los tribunales los que deben decidir sobre la veracidad de las informaciones

El Consejo General del Poder Judicial, a través de su portavoz, ha advertido al Gobierno sobre las competencias del futuro Consejo Audiovisual Estatal y su equivalente en Cataluña que "son los tribunales de justicia los que tienen que decidir sobre la veracidad de las informaciones". En la Cope, Enrique López ha aclarado que un órgano político no puede tener competencias para sancionar a los medios por posibles vulneraciones en el ejercicio de la libertad de prensa. El PP cree que el proyecto del ministro Montilla es "anticonstitucional".

El Consejo General del Poder Judicial, a través de su portavoz, ha advertido al Gobierno sobre las competencias del futuro Consejo Audiovisual Estatal y su equivalente en Cataluña que "son los tribunales de justicia los que tienen que decidir sobre la veracidad de las informaciones". En la Cope, Enrique López ha aclarado que un órgano político no puede tener competencias para sancionar a los medios por posibles vulneraciones en el ejercicio de la libertad de prensa. El PP cree que el proyecto del ministro Montilla es "anticonstitucional".
L D (Agencias) En declaraciones a la Cope, Enrique López, portavoz del CGPJ, ha explicado que "un órgano administrativo no puede tener competencias para tomar decisiones sancionadoras respecto a medios de comunicación por posibles vulneraciones o infracciones en el ejercicio de la libertad de prensa". Además, ha recordado que "estamos ante un derecho fundamental de la democracia" y que por esto confía en que el máximo órgano de los jueces sea consultado por el Gobierno para determinar las competencias del futuro órgano.
 
En los mismos micrófonos el presidente de la Asociación de la Prensa, Fernando González Urbaneja se ha pronunciado en la misma línea al advertir de que "puede ser muy peligroso" controlar el contenido de los medios de comunicación. A juicio de Urbaneja, cualquier Consejo Audiovisual "sólo debe servir para ordenar el sector y evitar el partidismo". El presidente de la Asociación de la Prensa también ha recordado que en "España tenemos una corta tradición en la libertad de expresión y sería muy peligroso que este Consejo entrara en los contenidos puesto que además podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución".
 
Manipulación, purgas y censura
 
El secretario general del PP, Ángel Acebes, acusó al Gobierno de recuperar la censura para vigilar a los medios de comunicación, mediante la creación del Consejo Audiovisual Estatal, que tendrá la finalidad de controlar los contenidos de los mismos, e incluso, la capacidad de revocar las licencias, a través de un órgano político.
 
"No se trata de un proyecto aislado, sino que se produce en todos los ámbitos", según Acebes, quién resaltó que diariamente medios de comunicación y periodistas sufren ataques por criticar a los socialistas, una situación "muy grave" al enmarcarse en la "Europa de las libertades".
 
Además, en rueda de prensa en Génova, se refirió a la "manipulación" y "purgas" que, a su juicio, están sufriendo los trabajadores de RTVE que "por no tener la fidelidad con el Gobierno, están menospreciados, infravalorados y se mantienen cruzados de brazos". Aseguró que esto es una realidad que no se producía desde hace mucho tiempo, por lo que manifestó su completo apoyo a estos empleados, ya que se trata de una situación difícilmente sostenible.
 
Según Acebes, "este retroceso en las libertades no se debería permitir en Democracia, puesto que los ciudadanos también tienen el derecho a recibir una información libre". Además, consideró que la creación de un órgano estatal de contenidos informativos es "un proceso de censura muy grave".
 
El portavoz de la Comisión Constitucional del PP, Federico Trillo, ha criticado la decisión del Gobierno de crear el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, porque en su opinión "pretender crear un órgano regulador de la libertad de expresión es manifiestamente inconstitucional y atentaría, además, a un pilar esencial del régimen democrático".
 
Según Trillo, "no hay encaje constitucional en una democracia para crear un órgano regulador de las libertades fundamentales, que no se pueden confundir con las actividades económicas, como la energía o el mercado de valores, en los que hay que conciliar el interés general y el interés privado: normas sobre la competencia, sectores estratégicos, etc".

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