El Partido Popular ha decidido retirar la querella que había presentado ante el Tribunal Supremo contra el ex presidente andaluz y actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y su hija Paula Chaves Iborra por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con el asunto de la subvención de diez millones concedida por el Ejecutivo andaluz a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa).
Los populares alegan que quieren ampliar la documentación y formularla en todos sus extremos tras recibir copia del expediente de dicha subvención, que la Junta ha remitido al Parlamento autonómico. Sin embargo, la marcha atrás de los populares se produce horas después de que la dirección del PP andaluz manifestase que no tenía conocimiento de la presentación de la citada querella, pese a que primera hora de la tarde, el Tribunal Supremo había anunciado el registro de la citada querella presentada por el PP de Andalucía. Su presentación fue confirmada a Europa Press por el representante legal del partido, el abogado Juan Ramón Montero. Según pudo saber Libertad Digital esta actuación ha causado un gran malestar en la formación de Arenas.
La misma fuente explicó que la querella fue elaborada la semana pasada y presentada a principios de ésta semana-este mismo miércoles, según pudo saber Libertad Digital- y en ella se incluía la acusación de un posible delito de malversación de fondos públicos. Además no descartaba la posibilidad de que una vez iniciada la investigación pudieran atribuirse a la actuación de Chaves otras infracciones como un delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental o cohecho, entre otros.
Sin embargo, los dirigentes del PP-A Javier Arenas y Antonio Sanz, consultados por Europa Press en los pasillos del Parlamento andaluz, manifestaron, en torno a las 16,30 horas, que no tenían conocimiento de la presentación de esa querella y que iban a hacer las pertinentes consultas para averiguar de qué se trataba. Como informó Libertad Digital, en efecto la querella se había interpuesto desde el PP nacional, a nombre del PP-A, pero sin avisar a los dirigentes provinciales.
Fuentes del PP andaluz atribuyeron su desconocimiento a que hay dos equipos de abogados, uno en Sevilla y otro en Madrid, que estaban trabajando en el asunto y que desde éste último se había tomado la decisión de plantear ya la denuncia ante el Tribunal Supremo.
Finalmente, desde el PP andaluz no se ha realizado ninguna declaración ante los medios de comunicación sobre el asunto y desde los servicios de prensa del partido en la sede nacional se ha remitido, en torno a las 20,00 horas de este jueves, un comunicado en el que se anuncia la retirada de la querella, con el argumento de que tras recibirse la copia del expediente de la subvención --el cual fue remitido por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa al Parlamento a principios de esta semana-- se quiere ampliar y formularla en todos los extremos en los próximos días, para, finalmente, interponer las acciones judiciales correspondientes.
El citado comunicado se inicia afirmando el PP que ha encargado a sus equipos jurídicos los correspondientes estudios para evaluar las informaciones obtenidas en las últimas semanas sobre la conducta del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, al conceder una subvención a la empresa donde trabaja su hija Paula, durante su etapa al frente de la Junta de Andalucía.
"Dichos equipos jurídicos trabajan en Andalucía y a nivel nacional", se añade en la nota, donde se apunta que además de la exigencia de responsabilidades políticas, "los equipos jurídicos han concluido que procede presentar acciones judiciales en las vías Contencioso-Administrativa y Penal".
Se añade que en las últimas 48 horas, el PP ha recibido la copia del expediente sobre la subvención a la empresa Matsa y que de una primera observación del mismo, "se han obtenido nuevos datos, por lo que el Partido Popular ha decidido retirar la querella interpuesta el pasado lunes a fin de ampliar la documentación y formularla en todos sus extremos". "En los próximos días, finalizados los análisis jurídicos, el PP interpondrá las acciones judiciales correspondientes", se señala.