L D (EFE) El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admitió a trámite en noviembre el recurso de Álava, gobernada por el PP, contra la aprobación por parte del Consejo de Gobierno Vasco de la propuesta de reforma del Estatuto que plasmó el "Plan Ibarretxe".
Tras la admisión de este recurso, las Diputaciones de Guipúzcoa y de Vizcaya, gobernadas por el PNV, presentaron un incidente de nulidad contra esta admisión a trámite, y anunciaron que se personarían en el procedimiento judicial abierto por la institución foral alavesa contra el "Plan Ibarretxe".
Tras la admisión de este recurso, las Diputaciones de Guipúzcoa y de Vizcaya, gobernadas por el PNV, presentaron un incidente de nulidad contra esta admisión a trámite, y anunciaron que se personarían en el procedimiento judicial abierto por la institución foral alavesa contra el "Plan Ibarretxe".
Ahora, según una providencia del Tribunal a la que ha tenido acceso Efe , el Tribunal ha denegado la nulidad pedida por Vizcaya y Guipúzcoa, por lo que el recurso sigue adelante. El Tribunal deniega la nulidad porque considera que no se incumple, como decía Guipúzcoa, el artículo 51 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativo. Una vez denegada la nulidad, el Tribunal admite como personadas en el recurso a las dos diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa.
La Diputación alavesa presentó el recurso el 28 de octubre. Los motivos que alegó fueron que la propuesta aprobada supone una modificación de la Constitución, que requeriría una aplicación de la artículo 168 de la Carta Magna, así como que faltaba el "trámite de audiencia" de Álava, con la consiguiente "indefensión". El criterio mayoritario del Tribunal admitió el recurso al considerar que el artículo 2 de la ley que regula lo contencioso-administrativo indica que los tribunales de esta clase pueden intervenir en los actos de los Gobiernos de las autonomías.
Por otra parte, según fuentes personadas en el caso, todavía no ha llegado al Tribunal Superior la documentación que se le pidió al Gobierno vasco sobre la aprobación de la propuesta de reforma del Estatuto. El Tribunal solicitó que, si la había, se le remitiera la documentación adjunta a la propuesta aprobada. En el caso de los proyectos de ley éstos deben adjuntar un informe sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como una memoria económica del coste al que dará lugar, aunque el Gobierno vasco no lo aprobó como proyecto de ley.