L D (EFE) En un comunicado, López Tena señala que "la crítica pública de resoluciones judiciales, aun hecha por responsables políticos, es parte del debate esencial en una sociedad libre y presupuesto insoslayable de la Democracia".
Este vocal estima que "no es función del CGPJ como institución criticar políticamente a las críticas políticas; lo es menos aún hacerlo sesgadamente, pues la credibilidad desaparece cuando se critica desde el CGPJ siempre a los mismos, a los vascos, y nunca a ningún otro, usurpando así la institución para convertirla en ariete de lucha partidista, que protege a los propios y ataca a los ajenos, especialmente en período de campaña electoral".
Para López Tena, "los peligros para la independencia judicial provienen de donde siempre han provenido y provendrán, del Poder Ejecutivo, es decir, de quien tiene los medios y puede tener la voluntad de doblegarla y poner los jueces a su servicio o al servicio de sus objetivos políticos, pudiendo utilizar para ello, por sí o por medio de otros, los nombramientos discrecionales, los ceses, los expedientes y las sanciones".
En este sentido, añade que "el poder, ya se sabe, corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Concluye que "no es, como garante de la independencia judicial, las críticas políticas a determinadas sentencias lo que debería preocupar al CGPJ, sino el hecho de que los veredictos sean públicamente anunciados por altos cargos del Gobierno español antes de celebrarse el juicio, y presentados como un logro de ese mismo Gobierno".
Este vocal estima que "no es función del CGPJ como institución criticar políticamente a las críticas políticas; lo es menos aún hacerlo sesgadamente, pues la credibilidad desaparece cuando se critica desde el CGPJ siempre a los mismos, a los vascos, y nunca a ningún otro, usurpando así la institución para convertirla en ariete de lucha partidista, que protege a los propios y ataca a los ajenos, especialmente en período de campaña electoral".
Para López Tena, "los peligros para la independencia judicial provienen de donde siempre han provenido y provendrán, del Poder Ejecutivo, es decir, de quien tiene los medios y puede tener la voluntad de doblegarla y poner los jueces a su servicio o al servicio de sus objetivos políticos, pudiendo utilizar para ello, por sí o por medio de otros, los nombramientos discrecionales, los ceses, los expedientes y las sanciones".
En este sentido, añade que "el poder, ya se sabe, corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Concluye que "no es, como garante de la independencia judicial, las críticas políticas a determinadas sentencias lo que debería preocupar al CGPJ, sino el hecho de que los veredictos sean públicamente anunciados por altos cargos del Gobierno español antes de celebrarse el juicio, y presentados como un logro de ese mismo Gobierno".