Sandetel es una sociedad instrumental de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de la Presidencia. Está participada en un 51% por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, y en un 49% por RTVA.
En este sentido, Sandetel es accionista único de las otras dos empresas del grupo, Sadesi y Citandalucía. Pues el informe de la Cámara de Cuentas correspondiente al año 2007 ha detectado graves irregularidades en Sandetel y sus filiales, como el descontrol general y contrataciones de empresas a dedo por la Junta, entre otras.
En el momento de los hechos, Zarrías era el consejero de Presidencia y su primo, José Carlos Alarcón Arévalo era el consejero delegado nombrado en 2004. En la gestión de Sandetel, participaron además la actual consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, hasta 2005 y el amigo de Griñán, Eduardo Clavijo, además de otros. El PP ha remitido a la Fiscalía el informe por creer que algunos hechos implican la comisión de delitos.
La Cámara de Cuentas de Andalucía, en un reciente informe, dice acerca de la gestión de esta empresa: "Con respecto a los principios y normas de control interno establecidos por las empresas para la salvaguarda y control de sus activos, las debilidades detectadas han sido las siguientes:
1. Ninguna de las empresas del grupo tiene definido en su organigrama un puesto de trabajo destinado realizar las funciones de auditoría y control interno que garanticen el adecuado funcionamiento de los sistemas de control administrativo y contable, promoviendo mejoras que redunden en un mayor y mejor control interno de la gestión.
2. Ninguna de las empresas cuenta con un sistema de gestión de inventario integral que permita el control físico de los activos con independencia de los registros contables. Sólo los elementos informáticos son objeto de control específico.
3. En la muestra de expedientes analizados correspondientes al personal de Sandetel y Citandalucía, no constaba la documentación correspondiente a la fase de selección, por lo que no ha sido posible comprobar que el acceso al puesto de trabajo en la empresa pública se ha realizado según los principios de igualdad, mérito y capacidad. En cuanto a la legalidad aplicable a la actividad desarrollada en el ejercicio fiscalizado, las incidencias detalladas en el informe han sido las siguientes:
4. En Sadesi se han detectado numerosos contratos con el mismo objeto, realizados a un mismo proveedor y formalizados en el mismo ejercicio, que si bien de forma individual no superan el umbral de los 30.050 €, conjuntamente debían haber sido tramitado por el procedimiento de concurso público, en cumplimiento de la normativa interna y de la legislación vigente en materia de contratación para las empresas públicas.
5. En Citandalucia se han detectado durante el trabajo de campo contratos que, por su importe (inferior a 30.050 €) se formalizan por el procedimiento negociado sin publicidad, en general por periodos inferiores al año, y que con posterioridad son objeto de continuas prórrogas que en conjunto superan sustancialmente el límite de los 30.050 €. Por otra parte, se han detectado contratos para los que, con independencia del procedimiento de contratación utilizado por la empresa, existía indicación expresa por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, del tercero que debía resultar adjudicatario"
Pero en el momento de los hechos, 2007.¿quiénes eran los administradores de Sandetel? El consejero delegado era hasta 2009 José Carlos Alarcón Arévalo, Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, primo de Gaspar Zarrías y verdadero artífice del control de los medios de comunicación en Andalucía por parte de la Junta de Andalucía y el PSOE. Su nombramiento fue cosa de su primo, Gaspar, en el año 2004. Su cese se produjo en 2009, dos años después de los hechos, de los que es, pues, responsable, como prueba el siguiente documento. Carmen Martínez Aguato, actual consejera de Economía y Hacienda, fue cesada como consejera en 2005.
También aparecían como consejeros, cesados todos ellos junto a Alarcón Arévalo los siguientes:
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios, fue director de gabinete de Griñán en el ministerio de Trabajo y amigo personal suyo.
Francisca Montiel Torres, Directora Gral. de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Miguel Ángel Serrano Aguilar, Director General de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, la agencia que concedió la subvención de 10 millones de euros a Matsa, la empresa apoderada por Paula Chaves.
Rafael Camacho Ordóñez, íntimo amigo de Manuel Chaves, de quien fue portavoz del gobierno socialista y luego director general de la RTVA sin solución de continuidad.
El PP manda el informe de la Cámara a la Fiscalía
El portavoz de Hacienda y Presupuestos del PP andaluz. Salvador Fuentes, anunció este lunes que el PP enviará a la Fiscalía Superior de Andalucía el informe de la Cámara de Cuentas. En rueda de prensa en Sevilla y acompañado por los diputados populares Alicia Martínez y Jaime Raynaud, Fuentes subrayó que el informe sobre estas empresas "confirma que hay actuaciones fraudulentas al margen de la ley que pueden ser constitutivas de delitos".
También anunció que exigirá en el la Cámara andaluza una comisión de investigación, “sin descartar denunciar el asunto en los tribunales”, debido a que se trata de "gravísimos hechos" en el ámbito contable, laboral y de contratación, que "pueden ser constitutivos de delitos".
Según el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, ésta ha detectado "irregularidades" contables y de contratación en la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel) y sus filiales Sadesi y Citandalucía, así como contratos para los que existía "indicación expresa" de la Consejería de Innovación del que debía resultar adjudicatario.
Del informe reseñado anteriormente, también se desprende, según indicó el diputado popular, que se dieron "incumplimientos" en los estados financieros, entre ellos de "debilidades" en el control interno y la imposibilidad de comprobar la legalidad del sistema de acceso a puestos en Sandetel y Citandalucía.
Asimismo, se deberían haber ofertado públicamente contrataciones y prórrogas de contratos, mientras que se mantuvieron a seis empleados de Citandalucía y uno de Sandetel –todos ellos dependientes de la Consejería de Innovación-.