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INFORME: El Ministerio que se opuso a endurecer las penas por terrorismo callejero

Las declaraciones del número dos del Ministerio del Interior son aún más graves si se atiende al historial de los terroristas callejeros. Lejos de ser simples vándalos, engrosan las canteras de ETA en cuestión de meses. Algunos, incluso lo simultanean. El anterior Gobierno decidió atajar y acabar con la impunidad de lo que cada vez era más frecuente en las calles del País Vasco. Con una reforma del Código Penal, equiparó lo que antes se llamaba “terrorismo de baja intensidad” con el terrorismo, a secas. Además, promovió un agravamiento de las penas para delitos de terrorismo y la ilegalización Batasuna, escaño y tarjeta de crédito de ETA.

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(Libertad Digital) En contra de estas medidas, el gobierno de Aznar siempre tuvo enfrente a José Antonio Alonso, desde el CGPJ, y a Antonio Camacho, en la Unión Progresista de Fiscales. Hoy son ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad respectivamente.
 
Desde Jueces para la Democracia y su vocalía en el CGPJ, el ahora ministro del Interior, José Antonio Alonso, siempre ha mostrado oposición a toda reforma que supusiera incrementar el peso de la Ley sobre los terroristas. Desde la Unión Progresista de Fiscales –de la que fue portavoz y presidente– su actual número dos, Antonio Camacho, hacía lo propio.
 
Fervientes admiradores del conocido como “Código Belloch” –reforma del Código Penal de 1995–, Alonso y Camacho nunca han compartido la idea de encarecer el terrorismo al terrorista. El 26 de noviembre de 2003 –día en el que se publicaba la Reforma del Código Penal en el BOE–, la Asociación Progresista de Fiscales, que por aquellas fechas presidía Camacho, calificaba la medida de “otro paso atrás”. La reforma, que entre otros aspectos recogía el endurecimiento de las penas para delitos de terrorismo, “viene presidida –decía una nota hecha pública por la asociación– por un endurecimiento penal que confía la solución de los problemas que dice abordar ala pura represión penal y se centra en la persecución más dura de la pequeña delincuencia”.
 
Cuando la citada reforma llegó al proceso de discusión en el seno del CGPJ, el 26 de marzo de 2003, uno de los vocales, José Antonio Alonso, acompañado del resto de vocales designados por el PSOE e IU, abandonaba la sala de plenos para concentrarse a las puertas del Consejo contra la guerra de Irak.
 
Durante la propuesta de la Comisión de Estudios del CGPJ para la aprobación del informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, Alonso destacó que la exposición de motivos sufría un “problema de discurso”. En su opinión, el endurecimiento general del ordenamiento jurídico penal no sirve para solucionar los problemas derivados de la inseguridad ciudadana. Muy al contrario –expresó Alonso–, esta finalidad debe pasar por el “desarrollo adecuado de políticas policiales, penitenciarias, judiciales y del orden social”. Y en este sentido, lamentó ante sus colegas que España fuera entonces el país de la Unión Europea que menos importe de sus presupuestos generales dedica a “políticas sociales”.
 
Los mismos vocales que abandonaron el Pleno para gritar el No a la guerra, los siete que se denominan “progresistas”, votaron contra el informe previo que abordaba ya en 2000 el cumplimiento íntegro de las penas en caso de terrorismo porque “no diferenciaba entre terrorista rehabilitado y el que no lo está”. Y eso, añadían, planteaba dudas de constitucionalidad.
 
Lo cierto es que desde que el Gobierno del PP puso alto precio penal al terrorismo sin distinguir intensidades y desde que se pasó la minuta de los cajeros y autobuses incendiados –lo hizo Garzón– a los padres de los que Arzalluz llamaba “chicos de la gasolina”, la llamada “kale borroka” casi desapareció del País Vasco. Antes de acabar el año 2003 el terrorismo callejero experimentó un descenso del 86,4 por ciento respecto a 2002, año que bajó también el listón respecto al anterior en más del 54 por ciento.
 
Remontándonos en el tiempo hasta 1996, la organización de Alonso, JpD, llegó a solicitar en una resolución la despenalización de los ocupas por entender que el derecho a la propiedad ya está suficientemente protegido por el derecho civil y su penalización sólo “radicaliza las posturas y crea nuevos delincuentes sin abordar el problema de raíz”. La propuesta partió de Montserrat Comas, vocal del CGPJ y actualmente presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

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