L D (EFE) Según informó el Ministerio del Interior, este Departamento ha resuelto ya indemnizaciones por valor de 47.571.688,9 euros para atender a las víctimas de los atentados del 11 de marzo. A estas indemnizaciones se unen los expedientes por incapacidad: cuatro expedientes por gran invalidez (983.539,48 euros); cuatro por incapacidades permanentes absolutas (339.410,65 euros); otros cuatro por incapacidades permanentes totales (211.589,81 euros); seis expedientes por incapacidades permanentes parciales (245.457,75 euros) y 539 por incapacidades temporales (974.134,99 euros).
En cuanto a las lesiones permanentes no invalidantes, Interior ha tramitado hasta el momento 1.362 expedientes por un importe de 1.560.126,26 euros, a los que se añaden los 827.750,38 euros destinados a las 90 expedientes de anticipo o de pago a cuenta de lesionados, cuyo expediente de indemnización aún no está cerrado. Del mismo modo, ya han sido tramitados 11 expedientes por daños materiales a vehículos o viviendas por un importe de 8.431,16 euros.
Además, y al margen de las indemnizaciones a las víctimas del 11-M, los vecinos del edificio de Leganés afectados por la explosión provocada el 3 de abril del pasado año por siete de los presuntos terroristas implicados en los atentados podrán regresar a sus viviendas, situadas en los números 38 y 40 de la calle Carmen Martín Gaite, en los próximos días. Lo podrán hacer una vez que ya han concluido las obras de reconstrucción del edificio, financiadas en parte por el Ministerio del Interior.
Hasta el momento, en concepto de daños materiales, el Ministerio del Interior ya ha abonado 2.870.820 euros como consecuencia de la explosión en la que murió el subinspector del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía Francisco Javier Torronteras y en el que además varios agentes resultaron heridos, cuando se disponían a detener a los presuntos terroristas islamistas. Tras producirse el atentado, el Ministerio encargó un estudio técnico y otro económico sobre las distintas alternativas de reconstrucción del edificio y su coste.
Después de analizarse estos estudios, se decidió optar por la demolición del edificio sobre rasante para proceder a la reconstrucción del mismo, descartando otras opciones como la mera rehabilitación o la demolición parcial, por entender que la medida adoptada era la que mayores garantías de seguridad ofrecía para los vecinos del edificio. Las obras, que se han desarrollado durante diez meses, han concluido dentro de los plazos previstos inicialmente. Asimismo, Interior habilitó en un primer momento una ayuda extraordinaria de 3.000 euros para cada familia para hacer frente a los primeros gastos ocasionados por el realojo.
En cuanto a las lesiones permanentes no invalidantes, Interior ha tramitado hasta el momento 1.362 expedientes por un importe de 1.560.126,26 euros, a los que se añaden los 827.750,38 euros destinados a las 90 expedientes de anticipo o de pago a cuenta de lesionados, cuyo expediente de indemnización aún no está cerrado. Del mismo modo, ya han sido tramitados 11 expedientes por daños materiales a vehículos o viviendas por un importe de 8.431,16 euros.
Además, y al margen de las indemnizaciones a las víctimas del 11-M, los vecinos del edificio de Leganés afectados por la explosión provocada el 3 de abril del pasado año por siete de los presuntos terroristas implicados en los atentados podrán regresar a sus viviendas, situadas en los números 38 y 40 de la calle Carmen Martín Gaite, en los próximos días. Lo podrán hacer una vez que ya han concluido las obras de reconstrucción del edificio, financiadas en parte por el Ministerio del Interior.
Hasta el momento, en concepto de daños materiales, el Ministerio del Interior ya ha abonado 2.870.820 euros como consecuencia de la explosión en la que murió el subinspector del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía Francisco Javier Torronteras y en el que además varios agentes resultaron heridos, cuando se disponían a detener a los presuntos terroristas islamistas. Tras producirse el atentado, el Ministerio encargó un estudio técnico y otro económico sobre las distintas alternativas de reconstrucción del edificio y su coste.
Después de analizarse estos estudios, se decidió optar por la demolición del edificio sobre rasante para proceder a la reconstrucción del mismo, descartando otras opciones como la mera rehabilitación o la demolición parcial, por entender que la medida adoptada era la que mayores garantías de seguridad ofrecía para los vecinos del edificio. Las obras, que se han desarrollado durante diez meses, han concluido dentro de los plazos previstos inicialmente. Asimismo, Interior habilitó en un primer momento una ayuda extraordinaria de 3.000 euros para cada familia para hacer frente a los primeros gastos ocasionados por el realojo.