La auditoría precisa que Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull desviaron, al menos, 2,9 millones del Consorcio del Palau -integrado por el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona- y que, además, faltan por justificar el destino de otros 637.286 euros procedentes de sendas subvenciones del Gobierno.
El resultado de esta Auditoría abre ahora las puertas a que Millet y Montull sean imputados por la Fiscalía también por un delito de malversación de caudales públicos, lo que podría elevar la petición de condena hasta los 22 años de cárcel.
Al elevarse la pena hasta los 22 años -frente a los 14 que se barajaban inicialmente sin contar con el delito de malversación-, el juez instructor Juli Solaz tendría sobre la mesa un nuevo elemento para revisar la actual situación de libertad provisional de Millet y Montull y, en su caso, decretar su ingreso en prisión preventiva.
La Auditoría analiza de forma pormenorizada las cuentas del Consorcio entre 2002 y 2009 y detecta varias anomalías con las que, al parecer, Millet y Montull desviaron fondos públicos para su enriquecimiento personal. En concreto, recoge pagos irregulares del Consorcio al Orfeó Català que sirvieron para desviar 1,7 millones de euros, operaciones anómalas relacionadas con la contratación de obras, bienes y servicios (que sirvieron para desviar 750.154 euros), adquisición de activos por encima del valor razonable (165.011 euros), compra de activos no verificados (294.984 euros) y gastos personales (30.409 euros).
Entre las irregularidades detectadas figura, por ejemplo, un desvío de 26.551 euros para pagar unas reformas en una casa de Millet en L'Ametlla del Vallès (Barcelona) o una partida de 7.947 euros para comprar lotes de navidad con jamones ibéricos, bombones, vino y champán. La auditoría también ha detectado que Millet y Montull justificaron indebidamente el gasto de sendas subvenciones del Ministerio de Cultura, por un valor total de 637.386 euros, que ahora podrían ser revocadas, con lo que se tendrían que devolver.
Ante la magnitud de este desfalco, tanto el Consorcio como el Palau de la Música han presentado hoy un escrito al juzgado en el que solicitan que se les devuelva el dinero que Millet consignó tras su confesión, así como el que se le incautó en efectivo en una caja fuerte. El estudio económico de la Generalidad también concluye que el sueldo que Millet se autoadjudicó al frente del Consorcio -con una retribución bruta de 149.588 euros- es elevada aunque no ilegal, si bien advierte que incurrió en una incompatibilidad al percibir, al mismo tiempo, un sueldo de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, que en 2008 fue de 1.261.999 euros.
Los resultados de esta auditoría facilitan ahora que se impute a Millet y a Montull un delito de malversación, como ya anunció a mediados de octubre la fiscal jefe de Cataluña, Teresa Compte. Hasta ahora, los dos principales implicados estaban acusados de los delitos de apropiación indebida y falsedad documental, lo que podría comportar una petición de condena de hasta catorce años de prisión.
No obstante, al confirmarse el desvío de fondos públicos, los dos ex gestores del Palau de la Música podrían ser acusados finalmente también de un delito de malversación pública, que el Código Penal castiga con penas de entre 3 y 6 años de cárcel, aunque en casos de "especial gravedad" la condena podría elevarse a entre 4 y 8 años.
De esta forma, si la petición de la Fiscalía recogiera penas máximas por los tres delitos de que podrían ser imputados, Millet y Montull afrontarían una petición de condena de hasta 22 años de cárcel, lo que, debido a su importancia, podría llevarles a la cárcel de forma provisional.