La AUGC no permitirá que se use el archivo de la trama policial asturiana para "hacer tabla rasa"
Tras conocer el archivo de diligencias por parte del fiscal jefe de Asturias, el delegado del Gobierno en Asturias dijo que la imagen del teniente coronel Rodríguez Bolinaga "ha quedado fuera de toda duda". Sin embargo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha dejado claro que mantienen su petición de que Bolinaga y el general Laguna asuman todas "las responsabilidades profesionales". En declaraciones a Libertad Digital, el presidente de la AUGC señaló: "¿Vamos a dejar que estos señores puedan coordinar nueve comandancias si no pudieron coordinar las de Oviedo y Gijón?"
Herrero compareció ante los medios de comunicación para informar sobre las conclusiones de las diligencias que ha practicado en relación con la investigación en Asturias de la trama que facilitó los explosivos, y la supuesta responsabilidad de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en la investigación de estos hechos. Dicha investigación, que se abrió a propuesta de la Fiscalía Antidroga de Asturias, está separada del sumario del 11-M, porque únicamente se ha centrado en delimitar presuntos delitos que podrían ser obstrucción a la Justicia, a raíz del descubrimiento de una cinta (hallada en el cuartel de Cancienes por un agente de este puesto, David Robles). En dicha cinta, Francisco Javier Villazón Lavandera alertaba en 2001 de que José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado, Antonio Toro, imputados en relación con la trama de los atentados del 11-M, manejaban grandes cantidades de explosivos y buscaban a alguien que supiese fabricar bombas activadas por medio de teléfonos móviles.
Esta grabación fue hecha por el agente Jesús Campillo, que posteriormente la transcribió y la adjuntó a un informe. La cinta llegó finalmente al teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, entonces jefe de la Comandancia de Gijón, que la guardó en la caja fuerte de su despacho tras escucharla "parcialmente", según él, y fue cesado de su cargo semanas después, en noviembre de 2004, por no poner dicha prueba a disposición de la autoridad judicial. El fiscal considera suficiente la explicación de Bolinaga que dijo que guardó la cinta "sin haberla escuchado en su totalidad".
La investigación abierta por Herrero concluye que a ninguno de los mandos y agentes de la Guardia Civil implicados en el devenir de la cinta se les puede achacar responsabilidad penal alguna, si bien el fiscal jefe precisó que no le corresponde a él determinar supuestas negligencias en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que son otras instancias, ajenas a las judiciales, las que deben hacerlo. El fiscal jefe de Asturias reconoce que la investigación se ha alargado más de los previsto debido a las contradicciones en las que incurrieron muchos de ellos por lo que ha sido necesario practicar varios careos.
Lavandera declaró que decidió trasladar su denuncia a la Guardia Civil tras no tener eco en la Policía Nacional (en la comisaría de Manuel Rodríguez, Manolón), y aseguró que identificó a Suárez Trashorras por una fotografía, extremo éste que niega la Policía y que la Fiscalía considera "no probado". También declaró que avisó en numerosas ocasiones a la Guardia Civil de la presencia de Suárez Trashorras en dicho local, que supuestamente utilizaba para contactar con clientes a los que ofrecía explosivos.
Este mando policial declaró que las relaciones que mantenía con Trashorrras eran las propias entre un confidente y un policía y que las aportaciones siempre se centraron en el tráfico de drogas. Herrero manifestó que en ninguna de las actuaciones examinadas de responsables policiales o de la Guardia Civil se puede acreditar la intencionalidad necesaria para convertir en delito la falta de celo en la persecución de una actividad delictiva. No obstante, recalcó que las diligencias se archivan con carácter provisional y que éstas se retomarán si se aportan nuevas pruebas que así lo aconsejen.
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