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La Junta de Andalucía obliga a los jueces a diligenciar en autobús

Lamentablemente, la Junta de Andalucía carece de todo sentido de la proporción. Ciertamente es preciso reducir el gasto. Pero las empresas públicas andaluzas perdieron 969 millones en 2006 y han seguido perdiendo centenares de millones en 2007 y 2008 sin reforma restrictiva alguna.  

Dicho de otro modo, en un año, las empresas públicas andaluzas se comerán el ahorro de la Junta para siete años. Como ejemplo, el caso de Canal Sur TV. Sus altos cargos perciben en un año el doble de lo que se ahorra Griñán con su recorte de 15 altos cargos de la Junta. En este contexto, que Griñán obligue a los jueces a mandar avisos, notificaciones y demás correo necesario en autobús e impida a los funcionarios encargados coger taxis, es ridículo, injusto, inútil y lesivo para el funcionamiento de la Justicia.

Si las comparaciones son odiosas, en este caso lo son aún más. Son sólo dos millones los que la Junta podrá ahorrar con este plan de austeridad dinero que quiere destinar el dinero a generar 40 empleos en los juzgados de Familia. Pero el ahorro ha supuesto sólo en 15 días que más de 2.000 notificaciones y 500 embargos estén pendientes de entrega sólo en la capital andaluza.

Para que se hagan una idea del retraso que medidas como la adoptada por la Junta dos semanas puede suponer para una notificación judicial -de embargo, de desahucio, de comparecencia, etc. , comprendan que el funcionario tendrá que ir hasta una parada de autobús, cogerlo, bajarse donde esté la parada y caminar hasta el domicilio, sea en la ciudad o en el pueblo, y luego volver a la sede judicial. Naturalmente, se reducirá el número de notificaciones efectuadas por día y al final se retrasará de nuevo el funcionamiento judicial. Para llegar a ciertas zonas del extrarradio sevillano, los funcionarios judiciales deben realizar hasta tres transbordos en autobús. Además, 22 pueblos dependen del partido judicial de la capital andaluza.

En datos ciertos, subraya El País, la supresión del uso de taxis ha provocado que notificaciones como ingresos en prisión y órdenes de alejamiento se reduzcan al 30% de su ritmo habitual. Ante la amenaza de colapso, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado un informe a Augusto Méndez de Lugo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Si un funcionario hacía 35 diligencias al día, ahora sólo llega a 10.

A principios de septiembre, la Consejería de Justicia decidió entregar un bonobús a cada funcionario del servicio de notificaciones y suprimir el uso de taxis por el drástico plan de recorte de gasto. Como siempre, sin hablar, sin consultar, sin dialogar con nadie. Ayer, el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez, amenazó con suspender las comunicaciones con la cárcel desde hoy si no se ponía remedio al retraso generado. La Administración reculó y horas después confirmó que los servicios de taxis a la prisión se mantendrán debido a la ausencia de transporte público.

¿Por qué no hay coches oficiales en los juzgados, coches de "incidencia", como se dice en los Ministerios y Consejerías? La Junta dispone de centenares de coches oficiales, pero no los hay en los Juzgados. Eso parece desprenderse de la petición del juez decano de Sevilla para que la Consejería dote al juzgado de guardia de un vehículo para la práctica de diligencias.

En las demás provincias andaluzas se está a la espera de que la medida se haga efectiva. El caos anunciado se acerca.

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