Lavandera lamenta el trato que está recibiendo e insiste en que no le mereció la pena denunciar
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 11-M ha ordenado retirar la protección al testigo Francisco Javier Lavandera, que en el año 2001 denunció ante la Policía Nacional y la Guardia Civil de Asturias los planes de Trashorras y Toro, imputados por la masacre de Madrid. Del Olmo también ha suprimido la asignación económica al confidente por haber rechazado un empleo, de vigilante jurado en el aeropuerto de Bilbao, y por haberse comprado con dinero prestado un arma deportiva.
(LIbertad Digital) El Comercio de Gijón recoge este domingo una entrevista a Francisco Javier Lavandera, que se convirtió en testigo protegido después de que la Guardia Civil le identificara, con nombres y apellidos, tras aparecer una cinta en la que denunciaba al agente Campillo los planes asesinos de Suárez Trashorras y Antonio Toro, imputados en el sumario del 11-M. La entrevista se produce cuando el juez Del Olmo ha decidido retirarle la protección policial y la asignación económica que recibía al ser testigo protegido.
Explica Lavandera que los motivos que ha esgrimido el juez para tomar esta medida son dos: que rechazó un trabajo que le ofrecía el estado como vigilante jurado y que se acababa de comprar una pistola. Según el confidente, el empleo tenía que desempeñarlo, uniformado, en el aeropuerto de Bilbao. "Pero, ¿piensan que estoy loco? Denuncié a Trashorras, y a todos esos, porque estaba en el convencimiento de que vendían dinamita a los terroristas. Si me llegan a ofrecer un trabajo de escolta privado, lo que me permitiría ir de paisano, llevar arma y chaleco antibalas hubiera aceptado, incluso en el País Vasco, pero de otro modo era imposible".
Además, detalla que el arma que compró era un pistola de tiro olímpico, para la que tenía licencia desde el año pasado, y que el dinero con el que la pagó se lo habían prestado.
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