L D (Agencias) En una entrevista concedida a Europa Press, el consejero precisó que estas consultas podrán versar sobre cualquier asunto, incluido la autodeterminación, si lo solicita "el seis por ciento del censo electoral", es decir, unas 319.000 firmas. Así quedará establecido en el anteproyecto de Ley de consultas populares que el Gobierno catalán aprobará en diciembre, con el objetivo de que el Parlamento regional la apruebe a lo largo del próximo año, dijo Ausàs.
La diferencia con la ley aprobada por el Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe es que en cualquier caso, para realizarse una consulta, ya sea a nivel autonómico o local, será necesario contar con el visto bueno del Estado. Ausàs recordó que la Ley de consultas populares por vía referéndum será "plenamente constitucional", y dijo que obedece al mandato del Estatuto, ya que en dicho texto otorga competencias a la Generalidad en la convocatoria de consultas.
Precisó que, para que dicha ley se ajuste plenamente a la Constitución, se especificará que, en última instancia, será el Estado quien tenga la última palabra y autorice cada una de las consultas, sean de ámbito local o autonómico, ya que así queda establecido en la Carta Magna.
Indicó que una consulta de ámbito autonómico se podrá impulsar desde distintas vías: "Desde el Govern, por una mayoría en el Parlament, o por iniciativa legislativa popular". En este último caso, será necesario que cuente con el aval del seis por ciento del censo electoral. Lo que es lo mismo, unas 319.000 firmas.
Ausàs reveló que podrán hacerse consultas por vía referéndum sobre "cualquier cuestión que afecte a la población", incluido el derecho de la autodeterminación si se diera el caso, siempre con el aval necesario del Estado.
Explicó que la diferencia entre la ley que plantea Cataluña y la consulta que quería convocar el lehendakari Ibarretxe el pasado octubre y que rechazó el Tribunal Constitucional (TC) es que el Estatuto catalán, a diferencia del vasco, da competencias a la Generalidad en consultas. "Queremos desplegar el Estatut al máximo" pero siendo "escrupulosos" con la Constitución, constató Ausàs.
En el caso de los municipios, los Ayuntamientos o la ciudadanía podrán impulsar consultas sobre cuestiones que consideren de su interés aunque, en el segundo caso, se requerirá al menos del aval del 10 por ciento del censo, precisó Ausàs.
El consejero defendió la posibilidad de que a escala autonómica y local puedan efectuarse consultas y dijo que ello es "una buena herramienta de fomentar la participación ciudadana". "Nos tenemos que ir acostumbrando a consultar y preguntar a la gente sobre todas las cuestiones que afecten a sus intereses y a sus voluntades", dijo Ausàs, quien recordó que esta práctica es "muy frecuente" en los gobiernos de otros estados occidentales.