Segunda huelga de jueces en la Historia de España, segundo paro judicial en ocho meses para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Más de 4.600 magistrados están llamados este jueves a secundar el paro convocado la asociación mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Ha pasado un año desde que estallase la "revolución" judicial del movimiento del 8 de octubre y la APM considera que doce meses después no se han producido avances significativos. Según ha señalado la asociación denunciante la protesta se debe al "incumplimiento de los compromisos del Gobierno".
Junto a la APM, más de una decena de juntas provinciales de jueces han expresado su apoyo a esta medida de presión, entre ellas Málaga, Valencia, Castellón, Las Palmas, Ibiza, Zamora, Toledo, Murcia, Albacete, Guadalajara, La Coruña, Orense y Zaragoza. Sin embargo, las otras tres asociaciones judiciales, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, no secundarán el paro.
"Una situación insoportable"
El portavoz de la asociación mayoritaria de jueces, Antonio García, ha declarado a esRadio que "los jueces españoles lo que quieren es que sus condiciones de trabajo mejoren y que se les dote ya, cuanto antes, de lo que necesitan para hacer su trabajo con dignidad".
"Hay que adoptar medidas de choque ya para aliviar la situación absolutamente insoportable e insostenible en la que están trabajando en estos momentos cantidad de jueces en diferentes puntos de todo el territorio nacional", subraya García.
Para la jornada de paro de mañana no se han fijado servicios mínimos ya que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ejercicio del "hipotético" derecho de huelga de jueces y magistrados carece actualmente de soporte normativo.
"No hay motivos para la huelga"
Por su parte, el Ministerio de Justicia considera una "contradicción" que la Asociación APM convoque una jornada de huelga en la carrera judicial de toda España cuando ha admitido la existencia de "sustanciales avances" en la negociación para la mejora de la Administración judicial.
El departamento dirigido por Francisco Caamaño también pone de relieve que "a pesar del contexto económico desfavorable y de la contención del gasto público", las partidas dedicadas a Justicia experimentarán en 2010 un crecimiento del 13,77 por ciento, hasta alcanzar los 1.804,82 millones de euros.
Caamaño, ha insistido en los últimos días en la idea de que las reformas legales previstas han acogido la mayoría de las reivindicaciones que las propias asociaciones plantearon durante sus comparecencias en la Cámara Baja, por lo que a su juicio "no hay motivos" para los paros. El ministro también ha manifestado que, si finalmente se produce la huelga, los jueces podrán parar, pero no así el Ministerio, "que no trabaja para evitar una huelga, sino para los españoles".