L D (EFE) En rueda de prensa, la secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, y la portavoz de Inmigración en el Congreso, Angeles Muñoz, explicaron las preocupaciones de las CC AA y los ayuntamientos gobernados por el PP, cuyos responsables de inmigración se reunieron este miércoles en la sede de la calle de Génova.
Pastor pidió que se informe de la cifra de empadronamientos registrados en los últimos meses; del número de inmigrantes que han accedido a España a través Francia y del alcance de la disposición transitoria del Reglamento de Extranjería. Dicha disposición, que entrará en vigor a principios de 2005, permitirá durante tres meses que se regularicen los inmigrantes que lleven residiendo en el país medio año y tengan un contrato de seis meses o de tres meses en el caso de sectores como la agricultura o el servicio doméstico.
Como ejemplo, la portavoz de inmigración en el Congreso de los Diputados mencionó Málaga, donde "han venido cinco grupos con cien personas" a bordo de autobuses con indicaciones precisas sobre cómo y dónde obtener ayudas sociales, una situación vivida también en la capital valenciana. Este "desembarco en número elevado es una realidad diaria puesta de manifiesto por los ayuntamientos, es un hecho muy objetivo y constatable", añadió Muñoz.
Pastor pidió que se informe de la cifra de empadronamientos registrados en los últimos meses; del número de inmigrantes que han accedido a España a través Francia y del alcance de la disposición transitoria del Reglamento de Extranjería. Dicha disposición, que entrará en vigor a principios de 2005, permitirá durante tres meses que se regularicen los inmigrantes que lleven residiendo en el país medio año y tengan un contrato de seis meses o de tres meses en el caso de sectores como la agricultura o el servicio doméstico.
Como ejemplo, la portavoz de inmigración en el Congreso de los Diputados mencionó Málaga, donde "han venido cinco grupos con cien personas" a bordo de autobuses con indicaciones precisas sobre cómo y dónde obtener ayudas sociales, una situación vivida también en la capital valenciana. Este "desembarco en número elevado es una realidad diaria puesta de manifiesto por los ayuntamientos, es un hecho muy objetivo y constatable", añadió Muñoz.
Falta de financiación
Otras de las preocupaciones expuestas por CC AA y ayuntamientos del PP reside en la falta de financiación para abordar el previsto proceso de regularización y algunos ayuntamientos están destinando el 60 por ciento de su presupuesto de ayudas sociales a la inmigración, afirmaron las dos dirigentes del principal partido de la oposición.
Además el Gobierno socialista está intentando trasladar "su responsabilidad" a los ayuntamientos mediante los empadronamientos (requisito para demostrar fehacientemente la residencia desde hace seis meses en España), aseguró Pastor, en cuya opinión es "el Estado el que tiene que certificar quién puede o no estar" en el país. Asimismo "los ayuntamientos están reclamando muchos más medios", agregó la portavoz popular de Inmigración en el Congreso, quien dudó de que la situación actual del mercado laboral español permita dar cabida a "los 800.000 inmigrantes que el PSOE calcula que pueden acogerse a la regularización".
Otras de las preocupaciones expuestas por CC AA y ayuntamientos del PP reside en la falta de financiación para abordar el previsto proceso de regularización y algunos ayuntamientos están destinando el 60 por ciento de su presupuesto de ayudas sociales a la inmigración, afirmaron las dos dirigentes del principal partido de la oposición.
Además el Gobierno socialista está intentando trasladar "su responsabilidad" a los ayuntamientos mediante los empadronamientos (requisito para demostrar fehacientemente la residencia desde hace seis meses en España), aseguró Pastor, en cuya opinión es "el Estado el que tiene que certificar quién puede o no estar" en el país. Asimismo "los ayuntamientos están reclamando muchos más medios", agregó la portavoz popular de Inmigración en el Congreso, quien dudó de que la situación actual del mercado laboral español permita dar cabida a "los 800.000 inmigrantes que el PSOE calcula que pueden acogerse a la regularización".