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El Senado propone la "neutralidad tecnológica" de la Administración en el uso de software

La ponencia sobre el futuro Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa propone equiparar el domicilio electrónico y el familiar, de forma que las entradas y registros policiales sólo sean posibles previo consentimiento del titular o resolución judicial. El texto también aboga por el impulso a la e-democracia y propone la "neutralidad tecnológica" de la Administración en el uso de software.

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La ponencia sobre el futuro Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa propone equiparar el domicilio electrónico y el familiar, de forma que las entradas y registros policiales sólo sean posibles previo consentimiento del titular o resolución judicial. El texto también aboga por el impulso a la e-democracia y propone la "neutralidad tecnológica" de la Administración en el uso de software.

L D (EFE) La ponencia recoge una serie de recomendaciones para la convergencia de España con Europa en esta materia, y advierte de que si las administraciones no tienen "conciencia real" de la importancia de la Sociedad de la Información, el plan de convergencia estará "condenado al fracaso". Así, en materia de seguridad, junto a la equiparación entre domicilio electrónico y familiar se propone la creación de una Fiscalía Única de Delitos Informáticos, la agilización del sistema judicial y el aumento de la dotación de recursos de la Brigada de Delitos Informáticos y de la Agencia de Protección de Datos.

La ponencia recomienda la adopción de la tecnología móvil como medio de relación entre el ciudadano y la Administración, al haber sido este sistema de comunicación el elegido "de forma natural" por la inmensa mayoría de la población, y el lanzamiento de un plan para ampliar la cobertura en los lugares públicos, como dependencias institucionales, aeropuertos, aviones, metro y trenes. Asimismo, se aboga por potenciar la "neutralidad tecnológica" de la Administración en el uso del software y por facilitar el acceso a los códigos fuente, evitando barreras tecnológicas derivadas del software utilizado por los organismos públicos, y "analizando con rigor las ventajas e inconvenientes" de los programas utilizados.

Asimismo, el texto recomienda un "impulso a la e-democracia" o democracia electrónica, aunque no especifica las medidas a abordar. En el ámbito educativo, el texto apuesta por que todos los centros públicos y concertados de primaria y secundaria cuenten con conexiones a Internet de banda ancha a lo largo de esta legislatura, y se alcance, "siempre que así lo considere la Comunidad Autónoma correspondiente", la proporción de dos alumnos por ordenador.

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En lo referente a sanidad, se aboga por garantizar la universalización del sistema sanitario con estándares compatibles, mediante la implantación de la tarjeta sanitaria, la receta y el historial clínico electrónicos, siempre que, en este último caso, se garantice la privacidad y el acceso al mismo en casos autorizados.

El texto incluye un apartado específico para las personas con discapacidad, para las que reclama la puesta en marcha de un Plan de Accesibilidad e Inclusión Tecnológica que dé respuesta a los posibles problemas de exclusión de este colectivo y fomente diseños, productos y servicios aptos para ellos.

Para las PYMES, el documento propone, entre otras medidas, la generalización del acceso a la banda ancha y la puesta en marcha de un "Plan Renove Informático" al que puedan acogerse todas estas empresas.

La ponencia, que también incluye menciones al impulso de la Televisión Digital Terrestre o al aprovechamiento de las tecnologías en el ámbito turístico, recomienda la puesta en marcha de una conferencia sectorial específica, previa a la aprobación del plan por el Consejo de Ministros, que incluya a las Comunidades Autónomas para recoger sus aportaciones al mismo. Asimismo, se propone crear un comité de seguimiento en el Senado para la evaluación, una vez aprobado, del futuro Plan de Convergencia.

Este comité deberá estar formado, según el texto, por los integrantes de la Comisión de la Sociedad de la Información, representantes de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y los sectores implicados.

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