(Libertad Digital) La diputada del PP Ana Torme preguntó al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, por las intenciones del Gobierno de suavizar las condiciones de los presos etarras y por el acuerdo para reagrupar a los terroristas en cárceles como paso previo a la excarcelación, del que informa este miércoles la cadena COPE. Torme puso en duda los continuos desmentidos del Gobierno en estos asuntos.
- "Se han cargado el pacto antiterrorista; incumplen la ley de partidos; ha vuelto la kale borroka; Basatusa se manifiesta con impunidad en invade las calles y las instituciones vascas; Gadafi solicita cumplir su condena en España cuando tiene aquí muchos más delitos que en Francia. ¿Será todo por casualidad, incluyendo la negociación con ETA de la que todos informan menos ustedes?".
Tras ello, la diputada popular pidió al ministro que "respete la inteligencia de los españoles y diga la verdad". Torme recordó que sólo actuando desde la unidad se han conseguido avances en la lucha contra el terrorismo. "Es triste que su lucha contra el terrorismo sea implorar una tregua a los asesinos".
López Aguilar eludió responder directamente y con claridad a las cuestiones planteadas por la diputada popular y se limitó a reiterar el consabido "el Gobierno no tiene intención de modificar la política penitenciaria en materia antiterrorista, ni en su dimensión penal ni procesal". Eso sí, admitió que dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se van reformar las medidas cautelares y la prisión provisional, pero "no para aminorar las condiciones de los presos por terrorismo". "Este Gobierno está desarrollando una política antiterrorista basada en sus compromisos con firmeza, lealtad y con la determinación de acabar con el terrorismo" porque es lo que tienen derecho a esperar los españoles.
Previamente, los nacionalistas vascos Emilio Olabarría y Begoña Lasagabaster lanzaron una ofensiva al ministro del Interior, José Antonio Alonso, para pedir las competencias en prisiones escudándose en las muertes sucedidas en Nanclares de Oca y otros acontecimientos de carácter individual con presos comunes. Alonso contestó que el Gobierno "no tiene previsto transferir cuestiones relativas instituciones penitenciarias, que seguirán en manos del Estado. ¿Qué nos preocupan los muertos o las competencias?", dijo.